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Diana Marcela Mejía martes, 13 de noviembre de 2012

En Colombia los pasivos ambientales, o daños ocasionados a los ecosistemas intervenidos por la actividad industrial, son un problema de largo alcance sin solución efectiva la vista.

Algunos de estos pasivos se ocasionaron en el pasado por la ausencia de regulaciones que los previnieran, pues hasta hace relativamente poco se exigen la licencia ambiental y algunos de los permisos que existen hoy. Otros daños, a pesar de existir leyes o regulaciones que deberían haberse cumplido para evitarlos, no tienen dolientes porque la ilegalidad y la informalidad no permiten señalar a los directamente responsables. Así las cosas, ¿quién responderá por los daños?

Sobre pasivos ambientales el país ha dado pasos lentos y poco contundentes. En 2002 la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme) elaboró y publicó un documento sobre la metodología de valoración de los pasivos ambientales en Colombia, con énfasis en el sector eléctrico. En 2008, el entonces Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Madvt)contrató a la Universidad de los Andes para formular una estrategia que permitiera identificar y priorizar los pasivos ambientales, con el fin de identificar a los autores y obligarlos a responder o, en su defecto, proponer mecanismos financieros para asegurar su reparación a cargo del Estado.

Por su parte la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en convenio con el Mavdt y la Universidad Nacional, ha venido adelantando un proyecto piloto desde 2009 para identificar y gestionar pasivos ambientales del sector petrolero, y el Ministerio de Minas y Energía ha contratado una consultoría para implementar la metodología de identificación, valoración y gestión de pasivos ambientales regionales en dos subsectores piloto de la minería: el oro y el carbón. A la fecha, en el mejor de los casos los procesos sancionatorios que se adelantan son por infracción a las normas ambientales vigentes, no por los pasivos ambientales propiamente, y tales procesos terminan en multas cuya valoración resulta incompleta y discutible. Y “en el mejor de los casos”, porque la informalidad y la ilegalidad hacen difícil y extenuante la búsqueda de responsables, haciendo de la mayoría de los pasivos ambientales “huérfanos sin dolientes” a cargo de un Estado con problemas de mayor prioridad que los ambientales. Por ello, y con el fin de mejorar el panorama, cursa en la Cámara de Representantes un proyecto de ley mediante el cual se expide el código de los recursos naturales y ambientales, cuyo artículo 5 señala que “el costo de la prevención, vigilancia, restauración, rehabilitación, reparación y compensación deberá ser asumido por el causante del daño”, independientemente de si el responsable es una persona natural o jurídica, nacional o extranjera. Sin embargo, de poco servirá tal disposición si la metodología existente para la valoración de los daños ambientales no es la más apropiada. Inapropiada, porque es resulta inútil asignar una unidad común para medir daños de tan diversa índole: ¿cuánto cuesta compensar una vida humana, la degradación de un paisaje o la pérdida de especies nativas? Además, no se tiene en cuenta que comunidades como los U’wa  rechazan la compensación monetaria porque el dinero, que para ellos carece del mismo valor que para nosotros, no resarce lo que ellos denominan la “violación del cuerpo sagrado de la madre tierra”. Así las cosas, lo que actualmente tenemos es que las multas no reflejan el valor total de los pasivos ambientales que hoy por hoy están prendiendo las alarmas de las autoridades ambientales. La compensación monetaria debe ser lo suficientemente elevada para que no se perciba como un “permiso de contaminación”, como está sucediendo, pero no tampoco tan elevada que desestimule la actividad minera o, peor aún, estimule la informalidad. Si es preocupante ver la cantidad de pasivos ambientales que en los últimos días han prendido las alarmas en la Secretaría de Ambiente Distrital, pues sólo en Bogotá de las más de 150 canteras menos de 10 cuentan con título minero, y hoy nadie responde por los desiertos de arena que antaño fueron los verdes cerros orientales, ¿qué pasará con aquellos pasivos que hoy surgen, y seguirán surgiendo, con motivo del “boom” minero por el que atraviesa el país?
 

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