Colprensa Jueves, 6 de diciembre de 2012

La comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que le da facultades al presidente de la República Juan Manuel Santos, para que reforme la estructura Fiscalía General de la Nación.

Las facultades que serán entregadas al mandatario, pro tempore, es decir por un tiempo, tienen una vigencia de seis meses, a partir de la promulgación de la iniciativa.

Dentro de la exposición de motivos el proyecto contempla que “es necesario ajustar la actual estructura orgánica y funcional de la planta de personal de la Fiscalía a los fines, propósitos y competencias que exige un nuevo sistema de investigación penal como estrategia de política criminal. En efecto, se requiere acoger un nuevo sistema de investigación penal en Colombia, que permita adelantar investigaciones penales en contexto, vinculadas con fenómenos de macrocriminalidad, presupuesto esencial en todo proceso de justicia transicional”.

Los integrantes de esa célula legislativa estuvieron de acuerdo con la necesidad de modernizar el ente acusador, sin embargo, algunos alzaron su voz de protesta para que tal efecto no se surta con decretos presidenciales sino con una ley de la república. Guillermo Rivera del Partido Liberal estuvo de acuerdo con la figura de otorgarle facultades extraordinarias al Presidente “la realidad de la Fiscalía, las víctimas del conflicto y la macrocriminalidad merecen hacer uso de la figura” y agregó que para tal fin el Congreso se tardaría mucho tiempo discutiendo tal figura por lo que los desafíos como la macrocriminalidad o el acceso de las victimas a la justicia no dan espera.

Contrario a esto el representante Germán Navas dijo que “el Congreso está en capacidad de tramitar proyectos de gran envergadura como este” y añadió que le genera “desconfianza dar facultades tan amplias al jefe de Estado”.

El congresista capitalino recordó que en 2008 se le entregaron facultades especiales al Gobierno Nacional con los cuales liquidó el Seguro Social, si bien había un compromiso para no tocarlo.

“Lo lógico es que nos traigan un proyecto (…), se supone que ya tienen delineado lo que necesitan”, concluyó Navas.

A su turno, el Fiscal Eduardo Montealegre se comprometió a respetar los derechos de los trabajadores y descartó despidos con la aprobación de la iniciativa.

La cabeza del ente acusador concluyó diciendo que la formación de funcionarios especializados precisa de la creación de un nuevo establecimiento público educativo, sin embargo aclaró que en ningún momento se pretende reemplazar las labores específicas de las universidades.