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Francisco Bernate Ochoa - fbernate@gmail.com domingo, 7 de octubre de 2012

Consideramos muy acertada la afirmación de nuestro Presidente, en el sentido de que en este nuevo escenario, debemos aprender de lecciones anteriores, de manera que el proceso no incurra en los errores del pasado y termine en una nueva desilusión para los colombianos.

En esta columna, mostramos algunas cuestiones de procesos anteriores que, consideramos, no deben repetirse para evitar nuevas frustraciones. Primero. El Gobierno debe blindar jurídicamente a sus negociadores. La experiencia del proceso de justicia y paz, demuestra cómo personas que estuvieron en contacto con las Autodefensas, en el marco del proceso de paz, autorizadas por el Gobierno, hoy enfrentan graves cargos ante la Justicia Penal. En estas condiciones, no hay paz posible. No la hay, por cuanto ningún negociador estará tranquilo en la mesa, a sabiendas de que puede terminar tras las rejas por sus gestiones. Segundo. La experiencia de justicia y paz no debe repetirse. La Ley de Justicia y Paz se presentaba como novedosa, inteligente, audaz, pero, ingenua por cuanto pretendía la judicialización de las personas vinculadas con las Autodefensas,  por la totalidad de los hechos. De cada versión que rendía un desmovilizado se compulsaban las copias para investigar todo lo que dijera el declarante. La infraestructura no contaba con los medios para responder semejante demanda de justicia, y ello explica el que a hoy los resultados judiciales de la ley de justicia y paz sean deficientes. El proceso de justicia y paz valió  la pena, en tanto que se supo mucho de la verdad del conflicto, pero demostró la capacidad operativa de nuestra justicia que no podemos volver a desbordar. Tercero. Deben existir mecanismos efectivos y viables de reintegración. El proceso de paz con el M-19, supuso un gran éxito del Gobierno de turno, en tanto que los ex combatientes pronto pudieron ganar espacios en la política, y en la vida económica. Por el contrario, el proceso de las Autodefensas, al pretender que tener a los desmovilizados encerrados en una casa jugando parqués era una opción de vida, ha fracasado en la reincorporación de los combatientes a la vida social y explica los altos niveles de reincidencia. Es necesario que el Gobierno presupueste y acuerde con al insurgencia vías para la resocialización de los combatientes. Cuarto. ¿Impunidad? Mucho se especula en el sentido de que los delitos atroces cometidos por la insurgencia son imperdonables y deben pagarse dentro de un establecimiento penitenciario. Para ello, se acude al famoso delito de lesa humanidad, y a la Corte Penal Internacional. En este escenario, las negociaciones se realizarían en el entendido de que los insurgentes, terminadas las mismas, deben pasar un tiempo en prisión. ¿Cuánto? No se sabe, pero cualquiera que se proponga, será corto en una sociedad tan vindicativa como la nuestra. Reiteramos nuestra postura, indicado que lo que reprocha la comunidad internacional, es la ausencia de respuesta a un delito grave y sistemático. Como sucedió en Argentina, desaparecidos, torturados, y, simplemente, no pasó nada. Por eso, la Corte Suprema de este país declaró la inconstitucionalidad de las leyes de perdón y olvido y dio paso a los juicios contra las cabezas de la dictadura. Pero, un proceso de paz, que termine con el establecimiento de la verdad, la reparación a las víctimas, y la imposición de penas alternativas diferentes a la prisión es posible a la luz del derecho internacional. No es cierto que todo el mundo tenga que terminar en la cárcel, tenemos que ser creativos, y entender que sin perdón no podemos tener un mejor mañana. Quinto. Igualdad. Resulta inconcebible el escenario actual, donde excombatientes gozan de la vida civil, y los miembros de nuestras fuerzas armadas que los combatieron están en la cárcel. Es necesario entender que el interés de la paz, para que perdure riñe con este tipo de situaciones, de manera que esta situación no se repita a futuro.
 

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