Yesid Echeverry Lunes, 2 de diciembre de 2013

Tanto el derecho como la política constituyeron desde tiempos clásicos, los imperativos racionales de la sociedad y los fundamentos legítimos de la cohesión. Además, ambas dimensiones, han sido preocupaciones filosóficas de varios pensadores hasta el día de hoy. Un breve recorrido por la historia de las ideas políticas así lo refleja. 

Por ejemplo, el interés central de la obra de Thomas Hobbes es la descripción del uso del poder en manos del soberano, especialmente cuando ese poder se instrumentaliza jurídica y políticamente en función de la paz y la seguridad de los ciudadanos. En Von Clausewitz se reconoce su visión de la política como dispositivo realista que permite la prolongación de la guerra por otros medios. Max Weber también muestra inclinación por el asunto, al asumir que el derecho es la manera más racional de legitimación del poder y de regulación de la violencia a través del Estado burocrático moderno. A Carl Schmitt le interesa describir la naturaleza de lo político, en el entronque entre lo excepcional y lo normal, enfatizando en el derecho como una forma de violencia regulada, matizada y legitimada a través del poder político del soberano. Más recientemente el debate cobra sentido en la obra de Jacques Ranciere, para quien lo político es el espacio de encuentro entre la coerción (la policía) y la búsqueda de emancipación (la igualdad). 

Ahora bien, a lo largo de  la historia del pensamiento, la relación dinámica entre derecho y poder lejos de producir consenso ha generado acalorados debates, especialmente al momento de decidir ¿cuál debe primar? o ¿cuál dimensión debe quedar subordinada? Para algunos, el poder político se manifiesta a través del derecho y, en ciertas oportunidades, no es más que la extensión práctica de los tentáculos normativos. Para otros, la política no se puede subordinar al poder normativo, debe ante todo mantener su autonomía descriptiva. No es mi propósito esclarecer y dar por terminada una disputa clásica y siempre latente. Es claro, al menos para mí, acogiendo las palabras de Múnera (2008: 13) que “lo jurídico tiende a normalizar lo político, a establecer un orden socialmente reglado para su desarrollo, al tiempo que lo político le da fundamento a lo jurídico, al constituirlo desde la esfera del poder y de sus conflictos, contradicciones y consensos parciales”. Sin embargo, si quiero hacer notar, que en las últimas décadas, se ha venido suscitando de manera más radical, un cambio de perspectiva del derecho, dejando de ser éste, sólo una herramienta de ordenamiento racional del conflicto, para situarse al servicio de un tipo de política que clasifica y discrimina a los ciudadanos, en amigos y enemigos del Estado, reconociendo en los primeros unas garantías y prerrogativas propias del Estado de Derecho y negándolas a  quienes son distinguidos como “enemigos del régimen”.

En este sentido, podemos decir que algunas de estas perspectivas olvidan que tanto la política como el derecho son instrumentos, herramientas diseñadas con el propósito de servir a las colectividades para garantizar un orden, una convivencia pacífica y armónica donde la prosperidad pueda satisfacer un cúmulo de necesidades básicas para la población. Hay quienes consideran que la paz es, quizá, el bien por excelencia que permite el logro de los demás fines de la cooperación social, por esa razón, cuando se trata de conflictos internos extremos, cual sería el caso de la subversión, la política y el derecho deben contribuir de manera eficaz a la búsqueda de alternativas de solución y no entorpecer los procesos de acercamiento. Pues bien, actualmente Colombia adelanta un proceso de resolución negociada del conflicto armado en la Habana con las fuerzas insurgentes de las Farc; muchos de los candidatos y partidos políticos que entrarán próximamente en contienda electoral, han tomado como caballo de batalla la política o el derecho, algunos argumentan que negociar con las Farc equivale a vender la justicia, a renunciar a la pretensión de la supremacía del derecho sobre la política, otros ven en la justicia, la Constitución y los tratados internacionales un impedimento para alcanzar la paz, argumentan que lo verdaderamente válido es llegar a ella aun por encima de los más elementales derechos que se pueda reconocer a una persona bajo la idea de dignidad humana. Hay, también, quienes consideran que el derecho y la justicia transicional son el mejor camino para solucionar el conflicto. Frente posiciones extremas, muchas veces avaladas por los dirigentes políticos, debemos recordar que tanto la política como el derecho deben servir a la comunidad; como herramientas no deben ser utilizadas para entorpecer los procesos de negociación ni transformadas fines independientes de la sociedad. Por el contrario, han de ponerse al servicio de la colectividad y de sus más legítimos intereses.