Colprensa
martes, 12 de diciembre de 2023
La inspección se centró en la presunta reunión en Paris que indicó Zamora y el aparente acuerdo extrajudicial con Thomas Greg
Martha Lucía Zamora declaró ante la Procuraduría en caso de licitación de pasaportes
La Procuraduría General de la Nación anunció el inicio de una inspección en contra de la Cancillería de Colombia por el caso de los pasaportes y los inconvenientes entre Álvaro Leyva y Martha Lucía Zamora en el proceso de conciliación con Thomas Greg & Sons. Se presume que la inspección comenzó tan pronto como acabó la declaratoria entre el Ministerio Público y Zamora.
El motivo de la inspección se centra en las presuntas irregularidades en el proceso licitatorio entre la Cancillería y la empresa que ha venido fabricando y expidiendo los pasaportes en el país. El procurador instructor, Esiquio Manuel Sánchez, es la persona que lidera la inspección sobre la aparente reunión en París para establecer los términos de la nueva licitación para este documento de los colombianos.
Se presume que en la reunión que se habría dado en el hotel Le Grand, de París, se habrían reunido el canciller de la República, Jorge Leyva, y el director de asuntos jurídicos internacionales de la Cancillería, Juan Carlos Losada (persona señalada de haber desaparecido unos expedientes de la JEP); existen indicios de que a la reunión también asistieron unos representantes de una firma alemana interesada en hacerse con el contrato.
"La Procuraduría General de la Nación viene a la Cancillería a adelantar diligencia de inspección, para recolectar el medio de prueba en virtud del cual se desarrolló la audiencia del comité de conciliación en el proceso de los pasaportes", expresó el procurador instructor.
Finalmente, en el marco de la inspección que realiza el Ministerio Público, se solicitó a acceder a la grabación de la sesión de conciliación entre Thomas Greg & Sons y la exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en la que se habría tocado el tema de un acuerdo extrajudicial para evitar una demanda por $117.000 millones.
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