Colprensa Miércoles, 12 de diciembre de 2012

Por considerar que el daño que le hicieron a la sociedad es cuantioso y que las víctimas no han logrado ser reparadas, la Procuraduría solicitó este miércoles a la juez 32 de Garantías de Bogotá que cobije con medida de aseguramiento a 13 implicados con la captadora DMG, de David Murcia Guzmán.

Para el Ministerio Público es evidente que la prueba presentada por la Fiscalía involucra los procesados con el lavado de activos, además algunos de ellos son responsables de engañar a los incautos ciudadanos que creyeron que su dinero tendría ganancias significativas, al ser entregado a la captadora.

Sin embargo, el órgano de control emitió serios reparos en la imputación del delito de concierto para delinquir, pues asegura que el ente acusador no presentó las evidencias suficientes y claras, para demostrar la manera cómo los procesados incurrieron en dicha conducta punible.

Entre los imputados está el esposo de Margarita Pavón, ex asesora legal de la empresa DMG, Luis Fernando Cediel, quien ya pagó una pena de prisión en los Estados Unidos y la Fiscalía lo señala de los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos.

También están José Fernando Grisales, hermano de la actriz Amparo Grisales, quien aparece empleando firmas, entre ellas, la de un canal de televisión de entretenimiento y la sociedad Sánchez-Rivera para cometer el ilícito y le fueron endilgadas las conductas de lavado de activos y concierto para delinquir por presuntamente recibir más de $4.000 millones de DMG.

Por su parte, Jorge Berrío, hermano del ex gobernador de Bolívar, Joaco Berrío, es señalado del punible de lavado de activos y concierto para delinquir y habría a través de dos empresas (Transval y Provitec) desviado dineros producto de esta captación ilegal.

Mientras que Lina María Rodríguez quien cumplió el papel de asesora también fue imputada por lavado de activos y concierto para delinquir, por ser la persona que presuntamente se encargaba de hacer la doble contabilidad de la captadora. Andrea Santamaría, Yuli Alexandra López y el transportador de dinero, Giovanny Enrique Rojas, al igual que los anteriores, recibieron imputación por lavado de activos y concierto para delinquir. Rojas, según la Fiscalía, era el encargado de trasladar el dinero de un lado a otro, de haber participado en una importación y de resguardar dinero por cuantías superiores a $100 millones, todo producto de la captación masiva durante los años 2007 y 2008.

Sobre el transportador, además se dijo fue el encargado de entregar el dinero al hoy condenado ex personero de Bogotá Francisco Rojas Birry, y que además que trató de en engañar a las autoridades ocultando un dinero de la captadora. “Realizó actividades ilegales como decirle a las autoridades mentiras en un inmueble donde se encuentran $10.000 millones, dice que solo hay $500 millones. Esas razones son por las cuales se concreta el concierto para delinquir”, indicó la Fiscal.