Procuraduría ratificó suspensión a Huertas y Mejía por presuntos nexos con disidencias
El Ministerio Público aseguró que, de no ser retirados de sus cargos, podrían representar un riesgo para el desarrollo de la investigación
06 de enero de 2026
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En noviembre del año pasado, fueron revelados una serie de chats y comunicaciones que dieron cuenta de una posible infiltración de disidencias de las Farc en altas esferas del Gobierno. Frente a este caso, la Procuraduría General ratificó la suspensión provisional del general Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, quienes son los principales señalados de haber mantenido contacto con alias Calarcá y suministrar información confidencial al grupo armado.
El Ministerio Público habría tomado la decisión después de que su Sala Disciplinaria de Instrucción determinó que Huertas y Mejía deben permanecer apartados del cargo mientras se culminan las investigaciones en su contra y se establece si cometieron faltas disciplinarias que ameriten sanción.
Esta medida cautelar, además de esclarecer los eventuales contactos entre los funcionarios y las disidencias de las Farc y la presunta entrega de códigos de frecuencia radiales de la Fuerza Pública, busca investigar una posible colaboración del general Huertas y Mejía con alias Calarcá para la creación de una empresa de seguridad que le permitiría a los integrantes del grupo armado portar armas y movilizarse de forma legal en el país.
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La Sala también señaló que los suspendidos "pueden representar un riesgo concreto para el desarrollo de las actividades investigativas que aquí nos interesan" y, de continuar en sus cargos, obstaculizarían la obtención de pruebas útiles para esclarecer dichos hechos.
La Procuraduría enfatizó en que la medida de suspensión satisface los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad exigidos por la ley; es decir, que es apropiada en razón del proceso que se adelanta contra Huertas y Mejía y, de no efectuarse, se vería afectada la "garantía de una pronta y cumplida justicia".
El ente de control también decretó la realización de una serie de pruebas que buscan esclarecer los hechos y lograr una individualización de las demás personas que estén implicadas en el caso. Para ello, hizo solicitudes especiales a la DNI, al Ejército Nacional y al Ministerio de Defensa, para que allegaran toda la información relacionada con estos hechos.
A su vez, ordenó a la Fiscalía General de la Nación, informar si existen actuaciones a cargo de ese organismo que estén relacionados con el caso y confirmar si conserva, bajo su custodia, los chats, cartas y demás comunicaciones incautadas durante una interceptación a la caravana en la que se movilizaban los jefes disidentes de las Farc en 2024.
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