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José Gregorio Hernández viernes, 2 de mayo de 2014

El Presidente celebró los datos de su Departamento Administrativo, diciendo que se trata de una magnífica noticia, no solo porque 380.000 personas encontraron trabajo en marzo, es decir que en esa cantidad se disminuyó el desempleo en un mes, sino porque ya son más de dos millones los nuevos colombianos que tienen empleo asegurado. 

Más aún, el doctor Santos se felicita por el hecho de que, en sus palabras, llevamos 43 meses seguidos con el desempleo bajando. Lo cual significa, dice el gobernante, “que más de 380.000 personas que de este último año no tenían empleo, consiguieron un empleo”, aunque “todavía tenemos que crear cerca de dos millones de empleos adicionales, para que ningún colombiano que esté buscando empleo no lo encuentre”. 

En la teoría, todo suena muy bien, ya que el Estado tiene la función constitucional de intervenir en la economía para conseguir, entre otros fines, el pleno empleo de los recursos humanos. Además de que el trabajo y la dignidad de la persona humana y la preservación de la familia son fundamentos y objetivos de nuestro sistema jurídico. 

No se olvide que el trabajo es, por excelencia, la única fuente de ingresos de la mayor parte de la población, por lo cual la Carta lo concibe como derecho fundamental y obligación social, que merece protección en todas sus modalidades, en condiciones dignas y justas. 

Pero, precisamente por todas esas razones, frente a los datos oficiales debemos preguntarnos: ¿cuál es el tipo de empleo que ha aumentado? ¿Cuál es el contenido y el beneficio, en términos de justa remuneración, en derechos y en garantías, que cada uno de los nuevos empleados y sus familias han recibido? ¿En qué se ha ganado, real y materialmente? 

La respuesta es desalentadora y la alegría del ejecutivo postiza. Los fríos datos que suministra distan mucho de corresponder a la realidad viviente de los colombianos, como lo vemos a diario en nuestras ciudades y en el campo. El Dane incluye en sus optimistas cálculos el trabajo informal, que no es empleo, y algo peor: el empleo “sin remuneración”.

Contabilizar este último como empleo -cuando la remuneración es elemento esencial e insustituible de la relación laboral- implica siempre una abusiva manipulación de las cifras y una mentira, pero que, además, ad portas de las elecciones en que tiene interés directo el Gobierno, no es otra cosa que competencia desleal y propaganda engañosa. 

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