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Colprensa viernes, 22 de noviembre de 2013

Por decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, la orden de captura internacional en contra de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, se prorrogó por un periodo de 12 meses.

La decisión se tomó luego de que el magistrado ponente avalara la solicitud de la Fiscalía General de la Nación que argumentó la necesidad de que la exjefe del organismo de seguridad comparezca al proceso penal que se le adelanta en la Corte Suprema de Justicia. El magistrado argumentó que no existe un trámite de revocatoria o nulidad en contra de la medida interpuesta el 25 de mayo de 2011, cuando Hurtado fue cobijada con medida de aseguramiento por su presunta responsabilidad en el escándalo de las ‘chuzadas’ del DAS.

Además explicó que el ente de investigación puede aplicar los mecanismos necesarios para garantizar la presencia de los imputados y acusados ante la justicia, por lo cual dijo que no se puede neutralizar el avance de los procesos ni la función constitucional de la Fiscalía General de investigar, imputar, acusar y pedir medida de aseguramiento.

El magistrado aseguró que no se han cambiado los argumentos tenidos en cuenta en su momento para emitir la orden de aseguramiento en contra de Hurtado.

Por lo anterior, ordenó dar a conocer la decisión a todos los organismos nacionales e internacionales con el fin de hacer efectiva la medida.

Cabe recordar que desde noviembre del 2010, Hurtado cuenta con asilo territorial otorgado por el Gobierno de Panamá. Por lo cual, la Fiscalía explicó que el Gobierno de Panamá negó la solicitud de extradición presentada por Colombia, “es necesaria la comparecencia de la procesada ante las autoridades que conforman la administración de justicia colombiana. En estos momentos sigue el proceso penal al que se encuentra vinculada”.

La orden de captura se ejecutará a partir del próximo 26 de noviembre, puesto que al día siguiente se vence la prorroga avalada por un magistrado el año pasado. La exdirectora del DAS es procesada por su presunta participación en el delito de concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad en documento público, proceso el cual se encuentra en etapa de práctica de pruebas.

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