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miércoles, 18 de noviembre de 2020

La entidad que le debe reembolsar los costos a los empleadores depende de si se trata de una enfermedad de origen común o laboral

Una de las dudas más frecuentes en la práctica de derecho laboral, tanto de empleadores como de trabajadores, es cómo legalizar una incapacidad laboral y de qué manera funciona el pago del salario durante ese periodo.

Para esto, lo primero que debe hacer un trabajador al momento de un accidente o enfermedad es informar de los hechos a su empleador y hacerle llegar la incapacidad ordenada por el médico tratante. En ese periodo, la empresa sigue pagando de manera rutinaria el salario del trabajador, teniendo la facultad de pedir el reembolso a la EPS, si se trata de una enfermedad de origen común, o la ARL, cuando la incapacidad sea de origen laboral.

Las enfermedades de origen común son aquellas que se derivan de accidentes o afecciones que no guardan relación con el trabajo. En ese caso, según el portal del Ministerio de Justicia Legal App, la empresa asume los costos de los primeros dos días de incapacidad. A partir del tercer día, y hasta el día 90, la EPS del trabajador debe pagar 66,66% del salario a la compañía. Si la incapacidad tiene una duración entre 90 y 180 días, el pago de la EPS es de 50% del salario y, desde el 180, los costos los asume el fondo de pensiones, y es necesario evaluar si procede la rehabilitación o una pensión por invalidez.

En cambio, cuando se trata de incapacidades de origen laboral, es decir, por accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo, la ARL asume el pago de 100% por 180 días, prorrogables hasta por otro periodo equivalente si así lo requiere el trabajador para su recuperación. Solo después de esos periodos se entra a valorar si hay lugar a una pensión por invalidez.

Vale la pena anotar que no informar al empleador sobre la incapacidad puede dar lugar a un despido con justa causa.

Antecedentes

Según LegalApp, cuando un trabajador tenga inconvenientes relacionados con el pago de su salario durante una incapacidad, o sea despedido por cuenta de esta, puede presentar su caso a la Inspección de Trabajo, que tiene funciones de conciliación y policía administrativa para que se cumpla la legislación laboral. De persistir los inconvenientes, es posible presentarse ante un juez laboral, con el fin de que este dirima la controversia.

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