martes, 5 de mayo de 2015
Su argumento es que aunque los educadores tienen derecho a convocar a una huelga, esta afecta de manera grave y directa el interés colectivo y el derecho de los niños, niñas y adolescentes que en su criterio se encuentran a la fecha en un estado de indefensión.
“(…) prevalecen los derechos de estos últimas, teniéndose que adoptar una decisión judicial en su favor por tratarse de intereses superiores de obligatorio cumplimiento”, señaló.
Calderón indicó en la tutela que el paro educativo afecta a más de nueve millones de niños y adolescentes que no pueden recibir sus clases, “que se quedarán en sus casas o en las calles poniendo en peligro su integridad y su dignidad”.
En ese sentido, el abogado consideró que se requieren medidas urgentes e impostergables para proteger a los niños debido a la gravedad del asunto y por eso solicitó que como medida cautelar, mientras se estudia de fondo la tutela, se ordene la prohibición de seguir en paro y regresar a clases de manera inmediata.
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