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Cristian Acosta Argote - cacosta@larepublica.com.co miércoles, 17 de marzo de 2021

El objetivo es llegar a 7,4 millones de familias, lo cual en promedio son unas 30 millones de personas afectadas por la pandemia

Uno de los proyectos de ley con acento económico que se presentaron ayer durante el inicio de un nuevo período en el Congreso es el de la renta básica. La iniciativa, que fue radicada en el Senado de la República. cuenta con el apoyo de más de 4.000 ciudadanos, más de 100 de organizaciones y más de 50 parlamentarios.

El proyecto busca suplir las necesidades económicas de las familias más vulnerables de la sociedad. El objetivo es llegar a 7,4 millones de familias, lo cual en promedio son unas 30 millones de personas. La reactivación económica también es otro de los objetivos ya que, según el proyecto de ley, esto se podrá dar “mediante el crecimiento de la capacidad de consumo de las familias”.

Lo que plantea esta normativa es una ayuda por familia que oscilaría entre $320.000 y $480.000 mensuales, dependiendo del número de integrantes del núcleo familiar.

Uno de los detalles que llama la atención es que el proyecto se redactó con la participación ciudadana durante la Cumbre Social y Política por la Renta Básica Permanente, un evento virtual donde se escucharon las necesidades de la población.

Diversas organizaciones sindicales, sociales, cívicas, comunitarias y el colectivo femenino mostraron su aprobación al proyecto y manifestaron que es necesario dado la coyuntura difícil por la que atraviesa el país.
La propuesta el proyecto sirvió también para hacer pública una crítica a las medidas actuales del Gobierno Nacional y a los programas monetarios para familias en situación de vulnerabilidad.

“La renta básica universal aumentará la cobertura e ingresos monetarios de millones de familias hoy a merced del clientelismo de programas como familias en acción y adulto mayor, que además de infantilizar a la población, son un verdadero obstáculo para la superación de la pobreza”, expresaron los ponentes del proyecto en un comunicado.

El senador Iván Marulanda afirmó que la situación del país es alarmante y el Gobierno Nacional ya se ha dado cuenta de que mientras no existan programas sociales como en otras partes del mundo, no habrá igualdad. “El ingreso solidario busca que los hogares tengan una vida digna”.

Otro punto a resaltar del proyecto es que los funcionarios a favor afirman que no afecta las finanzas del Estado, pues representa solo 3,7% del PIB; el desarrollo de la renta debe ir acompañado de una necesaria reforma tributaria, según dijeron.

También se explicó que la renta básica es una ayuda monetaria a las familias con las necesidades más inmediatas de subsistencia y no implicará contraprestación para los hogares o nexos bancarios que puedan devenir en hipotecas a propiedades.

El proyecto tiene como fin aumentar la cobertura y la cantidad de dinero transferido. En este caso, los adultos mayores serán un foco puntual del programa pues recibirán $320.000 al mes y $90.000 mensuales lo que integren un grupo familiar; esta oferta tendrá una cobertura que incluirá a cerca de 800.000 personas mayores.

El reconocimiento del papel femenino en el núcleo familiar es otra de las características principales de la propuesta, ya que se considera a la mujer como la persona que recibirá la renta en los hogares. Adicionalmente, la propuesta afirma que tiene en cuenta las diferencias territoriales entre el campo y la ciudad, además de las costumbres diversas que se dan en estos entornos.

LOS CONTRASTES

  • Iván MarulandaSenador de la República

    “La propuesta está basada en la reactivación económica y no estamos hablando de una renta de emergencia, sino de una renta permanente para las familias”.

  • Luis Jorge GarayEconomista

    “Este es un programa con clave de derecho de la población; es decir, la transferencia no solo dependerá de la voluntad del gobernante, sino de la calidad ciudadana”.

El economista Luis Jorge Garay, una de las personas abanderadas del proyecto, afirmó que su consolidación se dio a través de la inclusión. “El proyecto de ley es fruto de un proceso de deliberación incluyente, amplia y sin exclusiones, en el que participó organizaciones sociales, líderes comunitarios y ciudadanos. El proyecto debe ser una política permanente de Estado”, afirmó Garay.

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