Regiones, en el limbo por los líos jurídicos de sus mandatarios

Con la última decisión del Consejo de Estado, que decretó la nulidad en la elección del gobernador de Caldas Guido Echeverri, ya son 15 los mandatarios locales y seccionales que han tenido que apartarse de sus cargos como consecuencia de sanciones, destituciones, procesos disciplinarios o inhabilidades (que es el caso de Echeveri), entre otras causas.

Tales decisiones obligan a las autoridades electorales a convocar de nuevo a las urnas y en muchos casos para los municipios y departamentos, además de la zozobra política, significa comenzar de cero en sus planes de desarrollo.

“Se genera inestabilidad, inseguridad frente a la administración y la evolución de los planes de desarrollo. Llegan nuevos alcaldes y gobernadores con ideas diferentes. Es como un borre y empiece de nuevo, pero en un periodo más corto”, indicó Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral.

En el caso de Caldas, por ejemplo, el Consejo de Estado declaró nulo el acto de elección del gobernador Echeverri, pues se encontraba inhabilitado para ese cargo, ya que su esposa se había desempeñado como secretaria de Hacienda encargada de Manizales, 12 meses antes de la elección. Así Echeverri, quien fue elegido para 4 años sólo duró 16 meses.

Para Ricardo Gómez, rector de la Universidad de Caldas, a pesar de tener claro que las sentencias judiciales se deben acatar, “se ponen en riesgo procesos priorizados y en ejecución, lo cual rompe la continuidad en proyectos sociales. También implica una ruptura abrupta, generando incertidumbre sobre el futuro político del departamento”.

Incluso, el mismo gobernador Echeverri indicó el lunes luego de conocer el fallo, que “las decisiones judiciales deben servir para exaltar y reconocer el estado de derecho que tenemos. Pero, hay consecuencias que pueden afectar el normal tránsito de las funciones y las tareas del Gobierno”.

¿Quién tiene la culpa?
Un año y medio después de posesionarse, las gobernaciones de Caldas, Valle del Cauca, Huila y Casanare, así como las alcaldías de 12 municipios se han visto afectadas por este fenómeno que para la analista Barrios, tiene dos responsables: los partidos y la ciudadanía.

Según la reforma política de 2009, los partidos deber asegurarse de que los candidatos que avalan no están siendo investigados o sancionados por delitos de lesa humanidad, narcotráfico o delitos contra los mecanismos de participación, entre otros, porque podrían ser penalizados tanto la colectividad como sus directivas.

“Pero en esa reforma no se tocó lo que tiene que ver con la calidades, inhabilidades e incompatibilidades, o sanciones administrativas como peculado. Entonces los partidos se han relajado en ese tema porque las decisiones no los afecta”, señaló Barrios.

Por otro lado está la ciudadanía, que es la que elige, y la que a pesar de las denuncias que involucran a los candidatos, igual los eligen.