Colprensa
viernes, 2 de octubre de 2020
El alto tribunal, por solicitud de la Juez 30 de Control de Garantías, deberá determinar bajo qué ley se debe llevar el proceso en la Fiscalía
Corte Suprema de Justicia deberá definir el sistema penal para el caso de Álvaro Uribe Vélez
Hoy a las 10:00 a.m. estaba citada una Sala Plena extraordinaria en la Corte Suprema de Justicia, en la que los magistrados analizarán si el proceso del expresidente Álvaro Uribe, por presunto soborno a testigos y fraude procesal, deberá llevarse por la Ley 600 de 2000 (que rige a los aforados) o por la Ley 906 de 2004 (sistema penal acusatorio). Hoy, sin embargo, no llegaron a ninguna decisión y, luego de aceptar el impedimento del magistrado Luis Hernández, se convino que la reunión extraordinaria continuará el próximo lunes.
Cabe recordar que la decisión quedó en manos del alto tribunal porque la Juez 30 con función de Control de Garantías, en la audiencia solicitada por la defensa para revocar la medida de aseguramiento que pesa sobre el exmandatario, solicitó el concepto de la Corte para que sea esta quien determine su competencia procesal. Es decir, que aclare bajo qué sistema debe llevarse el proceso ahora que quedó en manos de la justicia ordinaria.
El concepto emitido por la juez en la diligencia es que el proceso debe llevarse bajo la Ley 906 de 2004, como habían manifestado en la citación anterior el abogado del expresidente, Jaime Granados, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público. Eso quiere decir que la funcionaria considera que mantiene su competencia para conocer la solicitud de revocatoria de la medida privativa de la libertad elevada por el apoderado del expresidente.
“Desaparecido el fuero constitucional y teniendo en cuenta que la presunta comisión de los delitos fueron cometidos posterior al 2005, cobra validez la aplicación de la ley 906 de 2004. No hay razón de tipo jurídico que permita continuar en la ley 600 del 2000”, dijo durante la audiencia.
Sin embargo, como la jueza identificó un conflicto entre las partes sobre la materia, elevó el conflicto de competencias a su superior jerárquico. El conflicto, vale la pena anotar, existe porque el abogado Reinaldo Villalba, apoderado del senador Iván Cepeda, solicitó durante la primera audiencia que el proceso se siga surtiendo bajo la ley 600 del 2000, como venía en la Corte Suprema de Justicia.
La decisión que tome el alto tribunal será determinante para el proceso del expresidente, no solo en lo que tiene que ver con la medida de aseguramiento, sino también porque de esa decisión dependen asuntos cruciales como la validez de las pruebas recaudadas y todo lo actuado hasta este momento.
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