Suspenden decreto que derogó prima especial para congresistas y otros servidores
El Gobierno había eliminado la prima especial de servicios con un decreto, lo que iba a reducir el salario de los congresistas desde el 20 de julio
16 de julio de 2026
A partir del próximo 20 de julio, cuando se instale el nuevo período legislativo en el Congreso de la República, iba a entrar en vigencia el decreto expedido por el Gobierno Nacional que eliminaba la prima especial de servicios para los congresistas, una medida que buscaba reducir de manera significativa la remuneración mensual de senadores y representantes a la cámara.
Pero, el jueves 16 de julio el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que derogó la prima especial para los congresistas, la cual estaba contenida en la Ley 4ª de 1992. El decreto fue objeto de una demanda de nulidad, de la que actualmente conoce la alta corte.
En ese proceso se formuló una solicitud de suspensión provisional, ante la probable afectación de derechos adquiridos por servidores de la justicia, la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, entre otros que comparten este mismo régimen salarial y prestacional, instituido por la Ley 4ª de 1992.
Con la aplicación del Decreto 0030 de 2026, los nuevos integrantes del Congreso iban a dejar recibir una prima cercana a $16,9 millones mensuales, beneficio que había sido creado mediante el Decreto 2170 de 2013. De esta manera, el salario de los congresistas iba a pasar de superar los $50 millones a ubicarse alrededor de los $34,7 millones mensuales, lo cual, terminaría dependiendo de los respectivos ajustes salariales correspondientes para este año.
Esta decisión fue anunciada por el Gobierno como parte de una estrategia para reducir privilegios en el sector público y disminuir el gasto estatal. Aunque, el ahorro fiscal representa una porción limitada del presupuesto nacional, el Ejecutivo defendió la medida al considerar que responde a un criterio de equidad frente a los ingresos del resto de servidores públicos y de los trabajadores colombianos.
La medida había generado debate en distintos sectores políticos y jurídicos, pues algunos consideran que representa un avance hacia la reducción de beneficios para los altos funcionarios, mientras otros ya habían advertido que podría dar lugar a demandas sobre la competencia del Ejecutivo para modificar la estructura salarial de los miembros del Congreso.
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