Defensor del Pueblo, Carlos Camargo

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  • Carlos Jaramillo Palacio

martes, 16 de abril de 2024

La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana por la situación que se vive en la zona; Carlos Camargo Assís expresó su preocupación

Este martes, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 010-2024 debido a que la población residente y en tránsito de la zona rural (media y alta montaña y sectores suburbanos) de Buga, San Pedro, Ginebra, Guacarí, El Cerrito y Palmira, en el Valle del Cauca, corre un inminente riesgo de vulneración de sus derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad.

La preocupación y alerta fue lanzada por el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assís. “El recrudecimiento del conflicto armado y la violencia se debe a las acciones de expansión, avance y disputa del naciente Frente 57 ‘Yair Bermúdez’, disidente de las Farc, cuyo fin son los territorios de control de estructuras del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, especialmente del Frente Adán Izquierdo, apoyado por el Frente Dagoberto Ramos, de las también disidencias de las Farc”.

De acuerdo con Camargo Assís, los seis municipios, al estar ubicados en la cordillera Central, son un corredor de movilidad histórico para las estructuras armadas ilegales que pretenden comunicación entre los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Tolima, conectándose por el páramo de Las Hermosas.

Tras sus declaraciones, el Defensor exhortó a los entes gubernamentales, así como a los cuerpos de seguridad de la Nación, a proteger a los habitantes no solo de los seis municipios advertidos en la Alerta Temprana, sino del Valle del Cauca, “pues los conflictos internos entre frentes de las disidencias de las Farc han conllevado un incremento en las violaciones a los derechos humanos por la consumación de homicidios selectivos, masacres, amenazas, restricciones a la movilidad, imposición de horarios, retenes ilegales”.

La Defensoría, además, evidenció hechos relacionados con hurtos, extorsiones, uso, utilización y reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes (NNA), entre otras conductas e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH), que afectan la vida social, económica y comunitaria de los habitantes de esos territorios vallecaucanos.

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