• Alejandro Valencia

martes, 8 de enero de 2019

De acuerdo con la encuesta de la MOE, los proyectos legislativos que le siguen a la salud en prioridad son la reforma política y a la justicia

En el más reciente informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), titulado: "Estudio de Opinión ¿Cómo piensa nuestro Congreso?", la entidad asegura que fue "flojo el periodo legislativo en temas políticos, electorales y de corrupción", debido a la confusión y falta de liderazgo en las bancadas.

Este primer estudio al Congreso tuvo un alcance del 92%, es decir, 253 congresistas encuestados, de 279 elegidos. Sin embargo, la cifra se reduce a 275 disponibles por tres ausencias legales y una renuncia. Entre los principales temas de indagación sobresalen "retos en materia electoral, política, legislativa, social, de género, entre otros".

Entre las conclusiones frente a la Agenda Legislativa, destaca el hecho de que los senadores y representantes a la cámara se inclinaron por decir que los proyectos de ley o actos legislativos con más urgencia a tramitar en el Congreso deberían orientarse a una reforma a la salud (18,9% encuestados); no obstante, esta todavía no existe.

Luego le sigue la reforma política y la reforma a la justicia con el 16,3% y 15,3% respectivamente, pero la situación se repite: lo que piensan los congresistas va en contravía a lo que aprueban, señala la MOE. Por un parte, la reforma a la justicia se cayó, mientras que la reforma política ha sufrido cambios sustanciales que han transformado su columna vertebral.

Para explicar este comportamiento, Carlos Arias, analista político y docente de la Universidad Externado de Colombia, explicó que para el análisis se juntan dos fenómenos: "Uno que es el conocido como la disonancia cognitiva y otro en el que los intereses políticos asociados a la coyuntura electoral de 2019 hacen que los congresistas terminen hablando algo en público y actuando de otra forma en privado".

"La disonancia se da porque hay un interés personal, asociado a las dinámicas de sus bancadas y de lo que persiguen para proteger su participación y poder, y otro al que en la opinión pública, de dientes para afuera, quieren mostrar cómo es el deber ser", agregó Arias. Este fenómeno se entiende cuando, en el caso de los políticos, donde hay tantos intereses cifrados, personales, de las bancadas, políticos, económicos y sociales, la disonancia aumenta. En resumen: "entre más variables estén alrededor de un sujeto, mayor será la disonancia cognitiva", concluyó el profesor.

Entendido esto, otro punto imprescindible de la encuesta tiene que ver con los problemas políticos más relevantes de la agenda nacional: Corrupción en la política (18,7%), desempleo e informalidad laboral (13,9%), cultivos ilícitos y consumo de drogas (10%), sistema de salud (9,8%), implementación del posconflicto (8,8%), desfinanciación de educación superior (7,8%), politización de la justicia (6,6%), déficit fiscal y bajo recaudo tributario (6,2%), violación de DD.HH y asesinato de líderes sociales (6,1%), garantías de oposición (1,1%), otros (2,2%). Ante estas cifras, el análisis de la Misión de Observación Electoral es que "dichos temas distan enormemente, entre sus opiniones, a lo realmente aprobado en cada reforma".

Ahora bien, para profundizar en la reforma política, la pregunta a los congresistas que mayor acuerdo tuvo es que la financiación de las campañas electorales sea totalmente pública: obtuvo un 89,3% de aprobación. Así mismo, una regulación más estricta de los Grupos Significativos de Ciudadano (66% están de acuerdo) y las listas cremalleras desde 2019 en la conformación de todas las listas a corporaciones públicas, 58.2% de aprobación entre los encuestados.

Por último, ante la coyuntura internacional y económica, la MOE encontró que el 82% de los 253 congresistas votaría a favor de facilitar la expedición de permisos de empleo a los migrantes venezolanos y 85% rechazaron una intervención militar en Venezuela. En el otro aspecto, las mayorías estuvieron en desacuerdo cuando se les preguntó sobre eliminar Colpensiones y dejar un solo régimen pensional 100% privado (93% en desacuerdo), o aumentar la edad de pensión (89%) .