• Colprensa

miércoles, 30 de mayo de 2018

Los sindicatos de la Rama Judicial emitieron una voz de alerta ante un posible colapso de miles de procesos que están en trámite.

Los sindicatos de la Rama Judicial emitieron una voz de alerta ante un posible colapso de miles de procesos que están en trámite en los juzgados de ejecución de penas, esto luego de agotarse el presupuesto con el que habían sido contratados los empleados de descongestión.

Dicho represamiento se incrementó con la aprobación de los acuerdos de paz, el cual obligó a los juzgados a asumir el trámite de todos los procesos de libertad condicional para los exguerrilleros de las Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común (Farc), además de los militares y policías que se han acogido a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

María del Pilar Arango, presidenta de seccional de Bogotá de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial Sindicato de Industria (Asonal SI) recalcó que los cargos de descongestión que concluyeron fueron contratados con una inversión de $5.000 millones, que corresponden a un préstamo que le hizo el Consejo Superior de la Judicatura al Gobierno Nacional, como parte de los acuerdos que se hicieron el año pasado para solucionar el paro judicial que se organizó ante la falta de personal.

Según Arango, el Ejecutivo se había comprometido a reintegrar dichos recursos al presupuesto de la Judicatura en este año, cuestión que no ha ocurrido, por lo que una vez se agotaron los recursos cesaron los contratos de los empleados de descongestión.

La funcionaria explicó que ahora solo hay 62 personas encargadas de atender los trámites de 57.864 procesos y solo dos notificadores para Bogotá.

"Se necesitan un mínimo de 100 empleados para cumplir nuestras funciones, con los que tenemos ahora no hemos podido atender al público, las remisiones de los procesos se hacen con un solo notificador y esto también afecta las libertades normales y los habeas corpus", afirmó Arango.

Por su parte, Luis Orlando Chinchilla, presidente del Sindicato 'Vocero Judicial', declaró que le solicitaron al Presidente de la República, Juan Manuel Santos, hacerse cargo en persona de la situación, quien decidió delegar el tema en cabeza del Ministerio de Justicia, Enrique Gil Botero, por lo que están a la espera de una reunión con el funcionario la próxima semana para conocer las soluciones que les proponen para superar la situación.

"Es un problema con respecto al proceso de paz que se está llevando, no se tuvo en cuenta a la Rama Judicial para este trámite, el Gobierno echó la carga a la Rama con la cuestión de los indultos pero no se le dio el presupuesto necesario para realizar los procesos, es decir, con el mismo personal se atienden las situaciones de tipo social más los procesos de los excombatientes de las Farc", expresó Chinchilla.

Entre tanto, Pilar Rey Molina, directiva nacional del Sindicato de Asonal Judicial y empleada del Centro de Servicios de los Juzgado de Ejecución de Penal, recalcó que de los casi 58.000 procesos activos, 16.000 corresponden a personas privadas de la libertad, 5 mil a gente en prisión domiciliaria y 2.000 son exguerrilleros de las Farc y policías o militares condenados por delitos cometidos en el marco del conflicto.

Rey Molina aseguró que solo hay dos notificadores para las cuatro mil personas que están en prisión domiciliaria, otros cuatro para hacer notificaciones en los cuatro establecimientos carcelarios que hay en la Capital de la República (Distrital, Picota, Modelo y Buen Pastor) y uno solo para los trámites de la JEP, quien lleva dichos documentos en transporte público, muchas veces en bus o Transmilenio.

"Necesitamos una planta de personal creada para la jurisdicción de ejecución de penas, donde se tramitan todas las acciones constitucionales, se garantizan las libertadas, penas cumplidas. Con las uñas estamos brindando el servicio", explicó la directiva de Asonal.