• Natalia Arteaga

jueves, 24 de julio de 2014

El incumpliendo al Reglamento Técnico (Decreto 1513 de 2012) que regula el uso de las barras corrugadas de acero para refuerzo de concreto en construcciones sismo resistentes ya tiene ‘cara’. El listado de las presuntas infractoras fue revelado ayer por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

El grupo contiene 21 nombres aunque la entidad tiene abiertas hasta el momento, 34 investigaciones. La Distribuidora Mundial y CIA Ltda y G & J Ferreterías S.A., Inversiones Casas y Casas S.A.S. Diaco S.A. y Aceros CFC S.A.S., Ferreteria Andres Martinez S.A.S; Siderrugica Nacional sidenal y Diaco S.A., Dishierros E.U. y Diaco S.A., Ferretodo S.A.S. y Diaco S.A. y Elizabeth Ureña Vesga y Diaco S.A., son las seis que encabezan el ranking de las que tienen cuentas pendientes con la entidad dirigida por Pablo Felipe Robledo, funcionario que advirtió será implacable con las firmas a las que se les compruebe la falta, una vez concluidos los procesos. Así lo dejó claro durante una reunión que se realizó el pasado miércoles con Alejandro Giraldo, superintendente delegado para reglamentos técnicos y metrología legal de la SIC, Jairo Reyna Niño presidente del Grupo Siderúrgico Reyna; Miguel Holmes, presidente ejecutivo de Ternium Colombia; Maurice Armitage, presidente de Siderúrgica de Occidente, Sidoc S.A.; Juliana Ocampo, vicepresidente de relaciones institucionales de Acerías Paz del Río; Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi; Sandra Forero, presidente de Camacol y Luis Felipe Henao, ministro de Vivienda.

La cartera de las involucradas está temblando y no es para menos pues las multas podrían ser hasta por $1.232 millones (2.000 Smmlv).

Además de las sanciones monetarias, el superintendente se encuentra facultado para suspender la construcción de cualquier obra privada o pública que no cumpla con la normatividad.

La norma entró en vigencia en julio de 2013 y durante este año, la entidad ha venido haciendo una rigurosa revisión de los productos para construcción en todo el país.

Han llevado a cabo 154 visitas de rutina, informó Robledo y de ahí se abrieron dichos procesos en lugares como Bogotá, Santa Marta, Barranquilla, Soacha, Sogamoso, Duitama, Oicatá e Itaguí, en donde se suspendió la comercialización de más de 1.700 toneladas de barras corrugadas.

Para combatir las malas prácticas, los líderes de las entidades que fueron convocados al evento de hace dos días, realizado en las instalaciones de la Superintendencia, acordaron desarrollar una campaña educativa a la que llamaron ‘Acero Certificado: necesario para la seguridad de las personas y la de sus construcciones’.

Es importante recordar que las entidades del sector de la construcción que trabajen con barras corrugadas de acero , deben contar con un certificado de conformidad, emitido por un organismo de certificación acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (Onac).

El caso más reciente
La Superindustria suspendió la construcción de la Fase 2 del Muelle de Carga de Buenaventura por falta de acreditación del acero proveniente de Turquía. La decisión tomada por el órgano público recae sobre el Consorcio Mota-Engil Colombia S.A.S, C3 Construcciones y Contratos S.A.S.,y Constructora CRP S.A.S., que se encarga de esta construcción.

La visita administrativa que adelantó la SIC en su función de inspección, vigilancia y control para el cumplimiento de los reglamentos técnicos, en el lugar de los hechos el pasado 14 de julio dejó al descubierto que que se estaban utilizando seis diferentes tipos de barras corrugadas provenientes de Turquía, que no contaban con el certificado de conformidad correspondiente.

Después de la observación de los requisitos del proyecto mencionado y ante la no aportación de los documentos en regla por parte del Consorcio, después de vencido el término otorgado para entregar los papeles correspondientes, la entidad de control decretó la medida cautelar imposibilitando el desarrollo del proyecto, hasta tanto no se pruebe que el material utilizado es seguro e idóneo para el plan.

La SIC está en proceso de determinar si se violaron ciertas normas establecidas en el Decreto 2269 de 1993 y la Ley 1480 de 2011, de ser así, podrían imponer una sanción de hasta $1.232 millones (2.000 Smlmv).