Ximena Poveda Sábado, 3 de agosto de 2013

Recientemente fueron publicados los resultados de la última edición de la encuesta “Colombia Opina”, sondeo realizado por la firma Ipsos Napoleón Franco para la Gran Alianza de Medios (RCN Radio, RCN TV, La FM y Revista Semana), la cual da cuenta sobre la percepción que tienen los colombianos alrededor de los principales temas de interés público para el país. En esta ocasión, la encuesta se realizó en el mes de julio entre 1.021 ciudadanos de 13 municipios, indagando sobre asuntos como el apoyo al proceso de paz, la favorabilidad de la imagen de funcionarios del gobierno, posibles candidatos presidenciales, la opinión frente a fenómenos recientes como las movilizaciones sociales y las principales preocupaciones que tienen los colombianos actualmente.

Sobre este último aspecto, llama la atención el considerable porcentaje de encuestados que identifican la inseguridad ciudadana como el problema más preocupante: se posiciona en el segundo lugar, tras el desempleo, que registró un 39% para esta medición. El tema de la inseguridad ha alcanzado un alarmante 31%, registro que si bien debe generar alertas, no constituye precisamente una novedad si se compara con los resultados históricos. Las últimas siete mediciones (entre el segundo trimestre de 2011 y el segundo trimestre de 2013), han arrojado resultados similares en cuanto a las problemáticas con los registros más altos, siendo constante el posicionamiento de estos dos temas como las principales preocupaciones para los colombianos. Por su parte, en el tercer lugar han alternado temas como la corrupción, la violencia y el alto costo de vida. Como se puede ver, estos problemas tienden a oscilar entre tres asuntos estructurales: la economía, la institucionalidad y el orden público.

En complemento con lo anterior, los resultados en materia de confianza en las instituciones por parte de los colombianos, dan cuenta de la pérdida de la credibilidad de la justicia, cuyos registros arrojan resultados que van, de un 38% de encuestados que sí confían en ella para el segundo trimestre de 2011, a un 25% para el segundo semestre de 2013; situación agravada por el creciente registro de desconfianza ciudadana, que ha pasado de un 58% a un 72% en el periodo referido. Este es el punto más preocupante de todos, puesto que se posiciona como la institución con el más alto registro de desconfianza en este momento, incluso por encima del Congreso de la República (cuyo resultado asciende al 69%) y el Gobierno Nacional (58%).

Estos alarmantes hallazgos son respaldados, por ejemplo, con lo arrojado por algunas mediciones internacionales. Así lo demuestra el Índice de Estado de Derecho o de Imperio de la ley (Rule of law index) del World Justice Project, medición internacional que para su entrega de 2012 compara la institucionalidad de 97 países, cuyos resultados dejan a Colombia en la antepenúltima posición en materia de orden y seguridad (puesto 95), así como en una plaza marginal en cuanto a la justicia penal (puesto 68).

En cuanto a lo primero, se registra una puntuación muy baja en relación con la percepción de seguridad de los ciudadanos y también en la disposición a respetar el debido proceso y las garantías frente a delincuentes; a la vez que se evidencian altos porcentajes en materia de victimización. En cuanto al sistema penal, resulta alarmante el crítico nivel que ha alcanzado la percepción sobre la importancia que tienen factores como las condiciones de los centros de reclusión, el hacinamiento y la deficiente función resocializadora en los penales.

Estos son pues, dos puntos de vista sobre el estado actual de la justicia en Colombia: el primero, desde la percepción de la ciudadanía respecto a su propio país; y el segundo desde lo expresado por expertos, paneles de opinión e indicadores cuantitativos sobre estos fenómenos. Ambos apuntan a una misma dirección: existe una profunda crisis en el sistema de justicia, con repercusión sobre aspectos que tocan la vida diaria de los ciudadanos, tales como su confianza en las instituciones y los temores propios por la seguridad personal.

Toda esta compleja problemática, evidenciada también en columnas de opinión, escándalos con repercusión mediática, descontento social generalizado y choques entre las propias instituciones del Estado; pone de presente una vez más la necesidad de pensar en soluciones estructurales que lleven al mejoramiento de nuestra administración de justicia. Se debe tomar plena consciencia de que este es un asunto, no solamente de una Rama del Poder Público, sino también del Estado en su integridad. En este sentido, uno de los puntos que deben encontrarse en el centro de las próximas contiendas electorales para la Presidencia -así como para el Congreso-, es la reforma a la justicia desde todos sus frentes, incluyendo la revisión minuciosa del texto constitucional a fin de aplicar los correctivos necesarios para superar esta crítica coyuntura.