Después de casi 10 años de pleito, Evacol logra la victoria frente a la multinacional Crocs

La Corte Constitucional cerró uno de los litigios más largos en el ámbito de la propiedad industrial en el país, al decidir no aceptar la revisión de tutela que la multinacional Crocs había presentado contra la empresa colombiana Evacol.

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Esta decisión respalda los fallos anteriores de instancias judiciales que habían favorecido a la compañía nacional, poniendo fin a un conflicto legal que se prolongó por casi 10 años.

“La reciente decisión en el caso Crocs vs. Evacol reafirma la importancia de la transparencia en los procesos de selección de la Corte Constitucional. Destacamos la intervención de la magistrada Cristina Pardo, quien garantizó un trámite objetivo e imparcial, evitando que el expediente fuera escogido por el magistrado Vladimir Fernández. Confiamos en la solidez institucional de la Corte, en su independencia y en su firme compromiso con la justicia y el respeto por los principios del derecho”, dijo Eduardo Cabrera, de Sergio Cabrera Abogados, quienes representan a Evacol.

Orígenes de la disputa

La disputa comenzó en 2016, cuando Crocs registró en Colombia la marca tridimensional de sus icónicos zapatos zuecos. Un año después, la empresa estadounidense demandó a Evacol, acusándola de copiar sus diseños en tres modelos específicos.

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En 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, falló inicialmente a favor de Crocs, ordenando a Evacol que retirara sus productos del mercado y destruyera los moldes de fabricación. Sin embargo, en abril de 2024, el Tribunal Superior de Bogotá revocó esta decisión, argumentando que ambas marcas habían coexistido sin causar confusión en los consumidores.

En esa ocasión, los magistrados señalaron diferencias notables en logotipos, diseño de suelas, sistemas de correa y precios. Este fallo fue posteriormente confirmado por dos salas de la Corte Suprema de Justicia, que desestimaron los recursos de tutela presentados por Crocs.

El caso dio un giro cuando Vladimir Fernández solicitó en febrero de 2025 que la Corte Constitucional revisara el caso. Esto fue inusual para los abogados, ya que involucraba temas de propiedad industrial ante una institución que busca proteger derechos fundamentales. Finalmente, la Corte Constitucional decidió no seleccionar el caso para revisión, ejerciendo su facultad discrecional.