Tribunal dio vía libre a la Contraloría de Bogotá para tumbar fallo contra el Presidente
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca avaló a la Contraloría para que revoque fallo de responsabilidad fiscal contra el Presidente
29 de octubre de 2025
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le sumó un capítulo al lío de basuras que tuvo el presidente Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá, luego de que avaló la solicitud de la Contraloría General de la República que busca revocar un fallo propio de responsabilidad fiscal que emitió contra el exmandatario hace algunos años.
La decisión, adoptada en el despacho del magistrado César Giovanni Chaparro Rincón, se adoptó dentro de un proceso judicial que Petro promovió para anular la sanción que la Contraloría le impuso, en la que lo declaró culpable de presunto daño al patrimonio público de la ciudad, mientras ejerció el cargo de alcalde de Bogotá.
"La decisión se adoptó en el marco del expediente 25000-23-41-000-2019-00329-00, en el que el demandante solicitó la nulidad del fallo de responsabilidad fiscal No. 02 de 2017, del auto de 12 de octubre de 2018 y de la Resolución No. 2697 de 16 de noviembre de 2018, actos por medio de los cuales la Contraloría Distrital lo había declarado responsable solidario por un presunto daño al erario de más de $40.000 millones, relacionado con la compra de equipos para la prestación del servicio de aseo en Bogotá", se lee en el documento.
Específicamente, el fallo de Chaparro se relaciona con la oferta de revocatoria que la Contraloría de Bogotá presentó contra dichos actos administrativos, de forma exclusiva hacia el presidente Petro, pues precisó que, con la decisión no habría lugar a ningún tipo de reconocimiento económico, indemnización ni condena en costas.
Por su parte, el Ministerio Público emitió concepto favorable al respecto, debido a que la solicitud de revocatoria contó con todos los requisitos sustanciales establecidos en la ley para que fuera aprobada.
Con este aval y efectuado el análisis de todos los puntos a tener en cuenta, el alto tribunal dio por finalizado el proceso judicial y le ordenó a la Contraloría que, en un plazo no superior a 30 días, expedir un nuevo acto administrativo que deje sin efectos su decisión de 2017, en la que declaró a Petro como fiscal responsable.
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