Tribunal negó demanda de Nayibe Padilla en caso del Cartel de salud mental, en Sucre
El alto tribunal confirmó que, durante su ejercicio, la exsecretaria si avaló pagos a una IPS con soportes falsos, que llevaron al detrimento del patrimonio
06 de noviembre de 2025
En sentencia proferida por el magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de una demanda interpuesta por Nayibe del Carmen Padilla Villa, exsecretaria de Salud de Sucre, contra la Contraloría General de la República, en la que pidió anular el fallo que la declaró responsable de un detrimento de patrimonio público, dentro del caso conocido como el Cartel de la salud mental.
La decisión del alto tribunal está relacionada con un proceso que adelantó la Gerencia Departamental Colegiada de Sucre, en la que el ente de control fiscal estableció un daño patrimonial por más de $2.700 millones a recursos que debían ser destinados a la atención de salud mental de población con bajos recursos no afiliada al sistema.
Específicamente, la Contraloría determinó que, durante la gestión de Padilla en la Secretaría de Salud de Sucre, avaló pagos a la IPS Clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres de Sucre S.A.S., por servicios que, terminada la investigación, estableció que no fueron prestados y, por el contrario, se soportaron con documentos falsos y auditorías deficientes. Esto conllevó a un desvío de recursos públicos.
La exfuncionaria alegó, ante el tribunal, que los actos administrativos que la declararon responsable se expidieron "con falsa motivación y violación al debido proceso, al considerar que no tenía funciones directas de supervisión y control del gasto en salud". También afirmó que la Contraloría trasladó indebidamente los recursos de reposición y apelación interpuestos.
Contrario a esto, el alto tribunal resolvió que los actos emitidos por el ente de control fiscal se dieron en un marco procesal regular y legal y encontró que si hubo pruebas suficientes para establecer la culpabilidad de Padilla en la autorización de pagos sin la verificación de la legalidad de las facturas.
Finalmente, resaltó que "la Contraloría actuó con base en los principios de eficiencia, economía y vigilancia de los recursos públicos, conforme a la Constitución y a la Ley 610 de 2000, y que la decisión administrativa se encontró debidamente motivada".
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El caso se remonta a 2017, cuando la Contraloría abrió 11 procesos de responsabilidad fiscal por más de $3.786 millones, como consecuencia a malos manejos de recursos de salud en Sucre. Además de Padilla, fue vinculado Efraín de Jesús Suárez Arrieta, exsecretario, y Samir Gregorio Serpa Álvarez y Oswaldo Marcial Contreras Gómez, funcionarios de la Secretaría de Salud de Sucre.
Según estableció el ente de control, en 2015, la entidad hizo pagos por supuestos tratamientos a personas con enfermedades mentales hospitalizadas; sin embargo, estos pacientes no existieron y los soportes que acompañaban sus expedientes eran falsos.
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