Lunes, 30 de julio de 2012

En los últimos años, resulta difícil imaginarse un proyecto liderado por el Estado y ejecutado por particulares en el que la cuestión no haya terminado en múltiples comisiones, informes, investigaciones, indagatorias, fallos, apelaciones, destituidos, encarcelados y demás.

Esto, naturalmente, a costa de los ciudadanos, pues, como es bien sabido, en nuestro sistema legal, todas estas investigaciones y sanciones se realizan a costa de la ciudadanía que ve como las obras jamás terminan. Todo el mundo en la cárcel, y la obra paralizada.

Creemos que es necesario pensar en un enfoque diferente a esta problemática, que permita satisfacer los intereses de la comunidad sin sacrificar la necesidad de asignación de responsabilidades a quienes cometan delitos.

Por ello, realizamos unas modestas propuestas que, en nuestro criterio, permiten un mejor manejo de estas situaciones.

Lo primero, es admitir que la penalización tan dramática de los delitos relacionados con la contratación como se da para estos casos es contraria a los principios básicos de humanidad y razonabilidad del derecho penal.

Es impensable que en Colombia sea más grave un contrato sin los requisitos del caso que un delito de homicidio.

Lo segundo, es señalar que, en estos casos, las penas de prisión no generan efecto positivo alguno y, en la mayoría de los casos, resultan injustas, y siempre dirigidas a personas que se limitaron a cumplir con su trabajo

Por ello, proponemos que para estos delitos se establezcan otro tipo de penas, relacionadas con el trabajo social, el pago de multas, la inhabilidad de contratar con el Estado, etc., eliminando la posibilidad de la prisión, y permitiendo lo que los norteamericanos denominan la responsabilidad objetiva (strict liability), simplificando así los procesos, pues nos liberamos de la prueba de la intención en estos delitos.

Propongo se elimine la posibilidad de renegociar el precio de los contratos una vez celebrados,.pues los imprevistos y el denominado restablecimiento del equilibrio del contrato se ha vuelto fuente inagotable de corrupción, que ya no se da a la hora de la selección sino que los contratistas aceptarán prácticamente cualquier contrato, a sabiendas que la utilidad se recogerá, en cantidades, a la hora de replantear el contrato ya en curso, dejando a la administración contra la pared.

Francisco Bernate Ochoa

ABOGADO PENALISTA