Van 54 menores de edad aprehendidos por homicidio con corte a abril de este año

Esta generación no imaginó que volvería estar con la misma crisis de orden público de la década de los 80 y 90. Los atentados a candidatos presidenciales parecían quedar en el olvido, dejando atrás los magnicidios de personas como Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro o Luis Carlos Galán.

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Pero algo si es claro: las estructuras criminales siguen instrumentalizando a jóvenes adolescentes para cometer estos crímenes. Basta con recordar el magnicidio del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, el 30 de abril de 1984, cuando un menor de 15 años disparó a su vehículo y asesinó a uno de los mayores opositores a la narcopolítica de la época.

El ataque al senador Miguel Uribe Turbay recordó aquellas épocas, con un adolescente sicario que disparó contra la cabeza del precandidato presidencial.

Las cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, revelaron que el número de jóvenes que han ingresado al Sistema de Responsabilidad penal para adolescentes, Srpa, por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas, es alarmante.

El delito por fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego o municiones está en el cuarto lugar del listado, con un total de 140 casos registrados con corte a abril. Está por detrás de los delitos de hurto, tráfico de estupefacientes, y violencia familiar, que registraron un total de 497, 288 y 151 hechos, respectivamente.

El delito de homicidio se encuentra en el noveno lugar, con una cifra de 54 casos. Este mismo crimen se cometió 231 veces en 2023 y 202 en 2024.

Entre los departamentos en las que mayor número de jóvenes han sido internados en el Srpa, el informe reveló que, de los 1.926 casos registrados, Bogotá, con 369 casos, encabezó el listado. Antioquia y Valle del Cauca le siguieron con 273 y 252 casos, respectivamente. Santander ocupó el cuarto lugar, con un total de 134 casos y Cundinamarca, el quinto con 122 casos.

Otra cifra preocupante es la edad del número de adolescentes que han ingresado hasta el momento al Sistema de Responsabilidad Penal, pues mientras la cifra de jóvenes aprehendidos que superan la mayoría de edad es de 118, los menores de edad que se encuentran entre los 14 y 17 años, llegan a 1.804, con una diferencia sustancial de 1.686 personas ingresadas.

Cómo funciona el sistema

Fernando Pareja Reinemer, magistrado de la sala penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y docente de la Universidad del Rosario, explicó que, aunque en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, Srpa, el artículo 187 de la Ley 1098 de 2006, establece que la sanción máxima para un menor de edad dentro del centro de atención especializado es de máximo ocho años, la normativa también enfatiza que la duración dentro de estos centros puede depender de la edad que tenga el joven involucrado.

Es decir, si el joven aprehendido se encuentra entre los 16 y 18 años, y el delito no es de alta gravedad, la sanción privativa que se le aplique será de uno y cinco años. Sin embargo, cuando el adolescente incurre en delitos graves como homicidio doloso, secuestro, extorsión y delitos sexuales agravados, la sanción aplicada será la más alta, según lo que establece la normativa.

Juan Francisco Navarrete, abogado penalista y procesalista de Navarrete Consultores, aclaró que las sanciones de privacidad de los menores de edad se diferencian de las penas aplicables a los adultos “porque el sistema para adolescentes no impone penas de prisión, sino medidas socioeducativas que buscan la formación, rehabilitación y reintegración social del menor infractor”.

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¿Podrían reducirles las sanciones? Reinemer explicó que la sola buena conducta del adolescente, no es un criterio para mantener o reducir la duración de la sanción, pues existen ciertos factores como los procesos educativos, el restablecimiento de los derechos, el restablecimiento de las relaciones familiares y sociales, el cumplimiento de unas normas mínimas de comportamiento, el restablecimiento de un proyecto de vida o la superación y tratamiento de factores criminógenos en el joven que pueden influir en el estado final de la sanción.

Vacíos legales

Para Navarrete, aunque la norma impone un enfoque pedagógico y restaurador, en la práctica, muchos centros funcionan como cárceles con condiciones precarias en las que no existe una verdadera diferenciación del tratamiento, ni se garantizan los derechos culturales, recreativos o educativos de los jóvenes de manera efectiva.

También mencionó que el sistema carece de espacios reales de mediación penal juvenil, reparación simbólica o participación de las víctimas.

Natalia Bojacá Velandia, abogada penal, aseguró que en el sistema no hay programas que ayuden a los adolescentes a crear un proyecto de vida.

Antecedentes

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Diego Henao Vargas, abogado penal, señaló que el Srpa necesita forzar la atención psicosocial, garantizar el acceso a educación de calidad, y asegurar un entorno familiar y comunitario sano para los adolescentes en conflicto con la ley.

“Es fundamental comprender que la instrumentalización de menores por parte de grupos delincuenciales no es un fenómeno aislado, sino una consecuencia de fallas estructurales del Estado en la protección de la niñez”, aseguró.