Jueves, 14 de junio de 2012

Las veedurías ciudadanas fueron creadas por la Ley 134 de 1994, que regula los mecanismos de participación ciudadana, en desarrollo de los artículos 103 y 270 de la Constitución Política, estableciendo que las organizaciones civiles podrán constituir veedurías ciudadanas o juntas de vigilancia a nivel nacional y en todos los niveles territoriales, con el fin de vigilar la gestión pública, los resultados de las mismas y la prestación de los servicios públicos.

Esta vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de la Constitución Política y el artículo 100 de la Ley 134 de 1.994, se ejercerá en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que en forma total o parcial, se empleen los recursos públicos, con sujeción a lo dispuesto en la Ley 850 de 2003.

La Sentencia de la Corte Constitucional C-180 de 1994, consideró ajustada a la Constitución la figura de las veedurías ciudadanas, pues éstas no sólo pueden ser consideradas un desarrollo de la soberanía popular y de la democracia participativa (Constitución Política artículos 1º y 3º), sino también una proyección de los artículos 103 y 270 de la Carta, que expresamente confieren a la ley el deber de regular las formas y sistemas de participación que permitan a los ciudadanos vigilar que la gestión pública, así como sus resultados, se cumplan en los diversos niveles administrativos.

La Ley 850 de 2003, define el concepto de veeduría ciudadana y el procedimiento de su constitución (artículos 1º a 3º); precisa el objeto de la vigilancia de las veedurías y las finalidades, así como los principios rectores que gobiernan su actuación (artículos 4º a 15); determina las funciones, medios y recursos de acción (artículos 16 y 17); establece sus derechos, deberes y prohibiciones (artículos 18, 19 y 22); señala los requisitos e impedimentos para ser veedor (artículos 20 y 21) y finalmente establece la existencia de redes de veedurías ciudadanas, redes de apoyo institucional a las veedurías y la existencia de un Consejo Nacional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas (artículos 23 a 25).

La Corte Constitucional también ha señalado que la regulación sistemática de las veedurías ciudadanas tiene reserva de ley estatutaria, tal y como se indicó en las mencionadas sentencias C-180 de 1994 y C-1138 de 2000. Por esta razón, la Sentencia C-1338 de 2000, declaró inexequible la Ley 563 del mismo año, por la cual se reglamentaban las veedurías ciudadanas, desconociendo la reserva de ley estatutaria, puesto que dicha ley reguló en forma sistemática un mecanismo de participación ciudadana, como son las veedurías ciudadanas, a través de una ley ordinaria. De esta manera, la democracia participativa comporta una revaloración y un dimensionamiento vigoroso del concepto de ciudadano y un replanteamiento de su papel en la vida nacional, porque además de la existencia de mecanismos electorales para la toma de decisiones por la vía de la representación, supone la intervención directa del ciudadano en los asuntos que interesan a la colectividad, así como un control permanente al ejercicio de las actividades encaminadas al cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

En conclusión, las veedurías adquieren una doble dimensión, porque además de ser un mecanismo de participación ciudadana, son la concreción del derecho a participar en la conformación, ejercicio y control social, así como el control del poder político.

Carlos Parra Dussan

Abogado