Víctor Mosquera solicitó medidas cautelares en favor del partido Centro Democrático

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El abogado Víctor Mosquera Marín, defensor del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, anunció, desde Washington, que presentó una solicitud de medidas cautelares colectivas en favor del Uribe Turbay, su núcleo familiar y el partido Centro Democrático por el atentado hecho al precandidato y el fallo judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y advirtió sobre la "grave injerencia del Gobierno Nacional en el proceso de investigación del atentado criminal ocurrido".

Frente a este hecho, el abogado aseguró que el Gobierno ha realizado investigaciones paralelas sobre los culpables del atentado, irrespetando la autoridad de la Fiscalía General de la Nación, entidad que debería ser la encargada de dicha función. Mosquera habría solicitado en este punto, a la Cidh, que le ordene al Estado procesar a los implicados por el delito de terrorismo, a parte de los de tentativa de homicidio y porte de armas.

“Este atentado no solo buscó atentar la vida de Miguel Uribe, sino generar pánico en la población civil y amedrentar a la oposición en un año preelectoral. Calificarlo como terrorismo es fundamental para dimensionar la gravedad del hecho y aplicar las sanciones más severas contempladas en la ley", argumentó el abogado.

Mosquera también afirmó que los señalamientos hechos por el Gobierno contra grupos armados ilegales "sin pruebas concluyentes" y la divulgación de información que no ha sido verificada por la Fiscalía, son factores que han entorpecido el proceso investigativo, además de que resulta en una "forma de estigmatización contra la oposición". En este punto, solicitó a la Cidh que le exija a las autoridades garantizar una investigación imparcial y transparente.

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Para justificar sus alegatos, presentó tres informes documentales que dan cuenta de una serie de discursos de odio y campañas de estigmatización contra el precandidato Miguel Uribe, por parte de altos funcionarios del Gobierno, y por otro lado, de fallas por parte de la Unidad Nacional de Protección, UNP, que presuntamente habría ignorado 51 solicitudes formales para reforzar la seguridad del senador. "Se acreditó ante la CIDH cómo se le negó un esquema adecuado, dejándolo expuesto en un contexto de amenazas crecientes”, afirmó Mosquera.

Respecto a la medida cautelar solicitada en favor de la bancada del Centro Democrático, aseguró que tiene como objetivo protegerlos y que "se les permita desarrollar sus derechos políticos en la democracia colombiana".

La decisión final de la Cidh podría conocerse en un plazo de 15 días, pues el organismo "ha seguido de cerca el caso desde el día del atentado", así como el Departamento de Estado de Estados Unidos, que también fue informado por el abogado Mosquera sobre los discursos de estigmatización del Gobierno.