jueves, 16 de noviembre de 2023
Un grupo de países, entre los que se encuentra Colombia, han venido protestando frente a una decisión adoptada por la Unión Europea de prohibir la importación de productos que puedan haber causado deforestación, como el café, el cacao, el aceite de palma, el caucho y la carne de res. Lo consideran injusto y desproporcionado e invocan el principio de responsabilidad compartida y diferenciada en materia ambiental.
Sin embargo, según lo explican las autoridades comunitarias, no sólo se trata de culpar a los países que exportan esos productos a Europa por deforestar sus territorios, sino asumir a nombre de Europa una responsabilidad por el 16% de la deforestación mundial a través de sus importaciones. Esa decisión implica que, si los productos que se venden proceden de tierras deforestadas después de 2020, cuando se empezó a hacer el monitoreo de la pérdida de cobertura vegetal, quien importe a Europa debe probar la trazabilidad mediante datos de geolocalización de cultivos o fotos satelitales, para poder comprar y luego distribuir esos productos en el mercado europeo.
En reciente estudio, la CAF encontró que las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en América Latina y el Caribe, provienen en su mayoría de la actividad agropecuaria. El 58% de dichos GEI se generan en la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra. La deforestación y el cambio de usos de la tierra están acabando con la cobertura vegetal del subcontinente. Según los datos recopilados por la CAF en el año 1800 América del Sur tenía un 97% de su territorio con cobertura natural o seminatural y pasó, en 2017, a tener sólo el 48%. En el caso de las islas del Caribe el dato es que se tenía un 98% de territorio con cobertura vegetal y se pasó al 19% y en Mesoamérica pasa algo similar, pues se tenía un 90% de territorio con cobertura natural y se pasó a un 27%. Indica además que el resto de los sectores económicos, para efectos de generación de los GEI, son menos relevantes. En los países desarrollados la situación es distinta, es el suministro de energía y el transporte, el que genera el 61% de las emisiones y la agricultura solo el 8%. Por ello, las acciones frente al cambio climático deben ser distintos. No es válido copiar para el subcontinente lo que se hace en Europa.
La deforestación para adelantar las actividades agrícolas, de pastoreo y los asentamientos, son los principales causantes de la degradación de los ecosistemas y la pérdida de los servicios ambientales en nuestra región. El programa REDD+ (Reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal en países en desarrollo) busca impulsar inversión para evitar la pérdida de bosque y selva, a través de sus créditos de carbono.
Lo cierto es que para Colombia no es viable la receta de trabajar fuertemente en reducir la producción de GEI, mediante la eliminación de las energías fósiles, y al tiempo descuidar o no gestionar, como deberíamos, la biodiversidad para las llamadas “soluciones de la naturaleza”. Es tan importante este tema que el BID está proponiendo canje de deuda por inversión en la naturaleza, y se incluye frenar la deforestación. Tanto así que se apoya la iniciativa “Amazonía por siempre”. Nuestro país ya modificó su Código Penal para incluir delitos relacionados con la deforestación, y declaró el 30% de su territorio como zonas protegidas. Sin embargo, las normas solas no hacen milagros. La gestión y la inversión son indispensables. Mientras solo nos enfoquemos en actividades que requieren de licencia ambiental como el sector minero-energético, y no nos preocupemos por el sector que más emisiones genera, además de cuidar la biodiversidad, estamos generando pañitos de agua tibia y no soluciones al cambio climático.
