sábado, 2 de diciembre de 2023

Recientemente se ha venido a conocer que las metas señaladas para el control de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible están retrasados para el 2030. La región latinoamericana tiene un nivel promedio de 59,04% en sus logros. Una causa de ello, es la limitación presupuestal. Aun cuando desde 2015 los países desarrollados prometieron proveer fondos de financiación de programas para combatir el cambio climático y mejorar la resiliencia a dicho cambio en países pobres, no todo lo ofrecido se ha cumplido, y todos los recursos parecen pocos por el tamaño del desafío, lo que obliga, a cada país, a buscar sus alternativas. Teniendo en cuenta esta realidad, la Taxonomía Verde es el concepto de moda. Se trata de un sistema de clasificación de actividades económicas y activos que pueden llegar a contribuir al cumplimiento de objetivos y metas relacionadas con la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), si se involucran y acceden a recursos económicos.

Cabe recordar que en 2020 Colombia presentó a la comunidad internacional su actualización de NDC, tratando de esforzarse más en sus compromisos y metas para el logro de los objetivos globales comunes, e incorporó tres componentes fundamentales: i) mitigación de Gases Efecto Invernadero (GEI), ii) adaptación al cambio climático, y iii) medios de implementación de las políticas y acciones para el desarrollo bajo en carbono, adaptado y resiliente al clima. En concordancia con esto, el país ha venido trabajando en cómo financiarse y diseñar su Taxonomía Verde con el fin de identificar los actores del sector público y privado que pueden abonar, de manera efectiva, al cumplimiento de objetivos y compromisos ambientales. Ya se cuenta con la Mesa de Taxonomía que la conforman el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Superintendencia Financiera, el DNP, el Dane y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quienes, con apoyo de cooperación internacional, han identificado unos sectores claves que pueden ser aliados para impulsar la atención del compromiso nacional. El sector energético es uno de ellos. También se está trabajando en la formulación de la regulación de productos financieros que permitan fondear proyectos e iniciativas en pro del ambiente. Esta mesa entra a complementar los esfuerzos del Sistema de Medición, Reporte y Verificación de Financiamiento Climático, en su afán de promover el financiamiento verde.

En concordancia con lo anterior, Colombia cuenta con la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático y la Estrategia para el “enverdecimiento” del Sistema Financiero. Lo que sigue es desarrollar y profundizar el mercado de capitales verdes, donde se utilicen instrumentos financieros verdes tales como bonos, carteras, portafolios de inversión, entre otros. Ese desarrollo requiere de un marco normativo suficiente, homologar los criterios para las finanzas verdes, los criterios para elegir los proyectos a financiar, aumentar la transparencia y evitar el greenwashing, y promover diseños comunes. En todo caso, esos esfuerzos deben responder a las necesidades nacionales para la Contribución Determinada a Nivel Nacional de Colombia, sin olvidar que los mercados financieros y los desafíos ambientales son globales, y que conviene homologar lo que se adopte para el país. El diseño de la Taxonomía Verde deberá contribuir al crecimiento económico, la inclusión social y la responsabilidad ambiental a través de proyectos e iniciativas, con probada efectividad. La necesidad de financiación para control de GDI, fue estimada en 57,4 billones de pesos, por el DNP para el período comprendido entre 2017 a 2030, lo que implica un esfuerzo económico de 3,1 billones de pesos anuales. Para adaptación al cambio climático la estimación fue de 31,8 billones de pesos. Hay entonces dos adjetivos que aplican al caso: es urgente y es costoso. Esa es la urgencia de desarrollar los instrumentos financieros verdes