martes, 23 de agosto de 2016

A diferencia de la normatividad ambiental vigente, que regula el tema de sustancias peligrosas, desde una perspectiva de disposición de residuos, el proyecto presentado, busca una regulación general de algunos agentes, que al ser manipulados, entrañan peligro para la salud y seguridad de las personas.

Lo primero que se identifica en el documento, es la creación de un Sistema Nacional de Seguimiento de Sustancias Nocivas denominado Snsn, el cual será coordinado y dirigido por los Ministerios de Salud y Trabajo, con el apoyo de otras entidades estatales, que buscarán armonizar el sistema, con el Sistema General de Riesgos Laborales.

Estas autoridades deberán a su vez, adelantar estudios periódicos e investigaciones sobre productos o materias primas, (incluyendo los sustitutos), que pueden ser peligrosas o nocivas para la salud, según su toxicidad, frecuencia de uso y probabilidades de exposición por parte de trabajadores o de la comunidad en general. 

Los estudios realizados, deberán orientarse a que el Gobierno pueda decidir cuáles sustancias deben ser objeto de intervención estatal y el nivel de dicha intervención. A su vez, los estudios serán actualizados periódicamente, según el decreto reglamentario que se expida, de acuerdo con los conceptos científicos que se incluyan en cada estudio. 

El proyecto establece que el Gobierno Nacional, por medio de los ministerios mencionados, analizará las decisiones, respecto a las medidas de protección, dependiendo de lo que indiquen los estudios y los efectos que la medida podría tener en todos los ámbitos, especialmente nivel de vida, acceso a bienes y servicios, costos para los consumidores y empleo. Y en caso de que se decida la prohibición en la utilización de la sustancia, ésta requerirá la aprobación del Consejo de Ministros. Finalmente el proyecto propone un procedimiento para la protección de las víctimas afectadas por la sustancia prohibida, teniendo en cuenta aspectos como el apoyo a las personas afectadas por el uso del producto, la definición de los periodos de transición para el uso de los mismos, la indicación de productos afectados, la garantía de indemnización, el apoyo a las personas y a la entidad territorial afectada, entre otros.  

En los casos que se establezca que efectivamente la sustancia utilizada ha causado daño, procederán las indemnizaciones que correspondan, y la responsabilidad de la empresa involucrada, podrá determinarse a través de procesos abreviados de manera individual o mediante acciones de grupo cuando se cumplan los requisitos establecidos en la ley. 

Es importante poner de presente, que si bien este proyecto propone una regulación más enfocada a la salud de las personas y el bienestar laboral de los empleados, es importante tenerla en cuenta a nivel ambiental, ya que las propiedades toxicológicas de dichas sustancias deben ser analizadas para la disposición final de las mismas, lo cual es una tarea que corresponde al sector ambiental del país. Es necesario que se incluya en tal proyecto, una modificación a la normatividad ambiental vigente, relacionada con la prevención y manejo de residuos o desechos peligrosos, con el fin de que, si se descubren sustancias que pueden afectar la salud y seguridad de las personas, sean incluidas en las clasificaciones establecidas por el Decreto 4741 de 2005 y se regule de forma específica su disposición final.