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OPINIÓN

El caso Perlaza y lo que podría venir para Teo y Vacca

16 de junio de 2025

Andrés Charria

Fundador de Tres Puntos Consultores
Canal de noticias de Asuntos Legales

La actividad del futbolista profesional es suigéneris, tienen una carrera corta y en algunos casos ganan sumas importantes de dinero. Generalmente a los 35 años (poco más o menos) se terminan sus posibilidades de seguir ejerciendo esta actividad económica. En cualquier sitio diferente de Colombia el contrato finaliza y el jugador empezará una nueva vida productiva.

La reciente sentencia complementaria de la Corte Suprema de Justicia SL1111-2025 con ponencia de la Doctora Jimena Godoy en el caso de Perlaza contra Millonarios FC S.A. pone sobre la mesa una pregunta incómoda pero urgente: ¿qué debe hacer un club de fútbol profesional cuando un jugador sufre una lesión que le impide volver a competir y goza de estabilidad laboral reforzada?

Perlaza fue despedido en 2014 tras una lesión muy seria y delicada. El proceso judicial confirmó que tenía una discapacidad relevante, que no se le podía despedir sin autorización del Ministerio de Trabajo y que su salida fue, por tanto, ilegal y discriminatoria. El club alegó imposibilidad de reintegrarlo, tanto por razones médicas como estructurales. La Corte, tras un extenso juicio de proporcionalidad, concluyó que no era viable ni el reintegro ni la reubicación. Pero el contrato sigue vigente. ¿Resultado? Millonarios debe seguir pagando salario y seguridad social a un jugador que no puede jugar ni trabajar en otra área del club. Solo podrá terminar el vínculo si consigue autorización.

Este caso, redactado con gran profundidad jurídica, abre una ventana inquietante para el fútbol colombiano. ¿Qué ocurrirá con Teo Gutiérrez y con Vacca, ambos lesionados y en la recta final de sus contratos con el Junior de Barranquilla? ¿Debe el club renovarlos? ¿Puede dejarlos ir? ¿Qué pasa si una junta médica confirma que sus lesiones son de origen laboral y les generan algún tipo de discapacidad? ¿si entutelan?

El precedente Perlaza sugiere que no basta con dejar vencer el contrato ni invocar la edad. Si hay discapacidad certificada, los clubes no pueden prescindir de sus jugadores así como así. Se activa el escudo de la estabilidad laboral reforzada, y con él, el deber de reubicar, pagar o, al menos, obtener permiso para terminar el vínculo. El riesgo económico y jurídico de actuar en falso es alto.

Esto no significa que los clubes estén atados de manos. Significa que el fútbol profesional, que ha vivido por décadas con una lógica de rotación impune y descartes silenciosos, debe empezar a ver a sus jugadores como seres humanos sujetos de derechos, no solo como activos de rendimiento.

Y significa también que urge una reglamentación clara, como bien lo advirtió la Corte Constitucional en su exhorto al Congreso y al Gobierno. Porque hoy los clubes navegan entre el Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 361 de 1997 y las normas FIFA, sin una brújula legal que responda al carácter atípico de los deportistas profesionales.

El fútbol colombiano lleva años mirando para otro lado. Pero si los tribunales siguen ratificando que un jugador con lesión permanente no puede ser despedido sin autorización del Ministerio de Trabajo, la estructura laboral de los clubes deberá reconfigurarse. Porque las provisiones que hoy suenan a tecnicismo contable, mañana serán desembolsos reales.

El caso Perlaza no solo le cuesta plata y a Millonarios. Es un campanazo para el sistema entero. Y un espejo incómodo para Junior, que ahora tendrá que decidir qué hacer con Teo y Vacca. Pero esta vez, ya no podrán decir que no sabían.

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