Justicia Deportiva

El deporte en Colombia va sin ningún norte; a las federaciones nacionales nadie las vigila y parece que ahora tampoco las apoyan. Federaciones como la de tenis o la de patinaje están manejadas a las patadas por dirigentes que hasta hace poco nada sabían del deporte y que vieron un buen lugar para ejercer poder en su minúscula parcela y, sobre todo, hacer lo que les da la gana. Controles antidopaje truchos, manipulación de las convocatorias a las selecciones nacionales y, sobre todo, abuso de poder.

Se supone que debería existir una entidad que solucione los conflictos en el deporte, pero no existe. Esa ausencia permite que los abusos se cometan y se perpetúen. Ningún deportista es tan ingenuo como para demandar a su federación o a algún alto cargo: sabe que sería borrado de cualquier actividad importante. Se impone la omertá.

Tal vez la única entidad, como siempre, que algo tiene en este campo es la Federación Colombiana de Fútbol, que funciona poco y mal. Si un jugador profesional tiene un conflicto con su club, puede acudir a la justicia ordinaria —lenta y sin experiencia en el tema— o a la justicia deportiva. La Cámara Nacional de Resolución de Disputas (CNRD), como todo en el fútbol, sirve para que el nuevo sindicato y la federación nombren amiguetes que les ayuden, según ellos, a impartir justicia.

Hablemos de un jugador al que un club, digamos Deportivo Pereira, le debe algo así como USD $200.000 por derechos económicos.

Lo primero que debe hacer el jugador es conseguir que el Pereira firme un compromiso de sometimiento al tribunal, porque la demanda solo puede presentarse si ambas partes lo acuerdan. Lógicamente, el club hará todo lo posible para no firmar ese documento, pues sabe que lo van a demandar. Después de un año, si tiene suerte, logra que el equipo firme el compromiso e inicia la demanda. El segundo escollo, más grave aún, es que debe pagar anticipadamente los costos del tribunal: para una demanda de USD $200.000, el valor aproximado ronda los 600 salarios mínimos, más o menos USD$ 16.000, casi setenta millones de pesos.

Supongamos que el jugador paga. Luego debe esperar más de un año para que, si le va bien, le ordenen al club cancelar la deuda. Seguramente el club no pagará y deberá iniciarse un proceso disciplinario que también se demora. Al final, el jugador opta por negociar directamente con el presidente del Pereira para ver si le pagan algo.

Si fuera un jugador extranjero, la FIFA resolvería el caso gratuitamente. Y aun si se llegara al Tribunal Arbitral del Deporte, el proceso duraría como mucho un año.

¿Dónde está la igualdad entre jugadores nacionales y extranjeros?

Lo único que puede hacer el jugador es advertirle al Pereira que no renovará el contrato de trabajo y, por lo tanto, el club perderá cualquier suma futura por transferencia. Esta conducta es calificada casi como subversiva por “el entorno del fútbol”, como le está pasando a Neyser Villarreal.

Nadie ha protestado por esta situación. El novísimo sindicato no va a decir nada: sus amiguetes hacen parte de esa Cámara y, si les llega algún proceso, mejoran sus ingresos. La Federación y los clubes están felices: es francamente difícil y costoso para un jugador acudir a la CNRD. ¿Y el Ministerio?

El punto final es que resulta imposible acudir al TAS, pues no hay vía para ello, y por lo tanto los fallos —bastante mediocres, si es que salen— no están sujetos a control.

¿Y la deuda del jugador? Nada. No se le tiene. Y si se le tiene, se le demora muchísimo.