miércoles, 20 de enero de 2016

Providencia subsiste pese a los gobiernos. Se esperaba que el fallo de la Corte Internacional de La Haya de 2012 daría una nueva dinámica al archipiélago en general, con más presencia del Estado y más acciones del Gobierno Nacional que en su momento anunció inversiones por $200.000 millones y para cuyo manejo pidió la ayuda del exministro Hommes, que no aguantó la falta de compromiso de todos los involucrados y los problemas de delincuencia, y renunció después.

 El fallo de La Haya no se siente en la Isla. En plena temporada alta de turismo, se quedó sin señal de televisión en tanto que la de celulares es regular y el internet casi nulo. Además, en una isla donde debe haber educación ambiental, las cunetas de la avenida circunvalar están llenas de plástico, botellas y electrodomésticos abandonados mientras el relleno sanitario no pasaría una prueba de una autoridad ambiental.

 Providencia, por lo demás, debe ser una de las ciudades más caras del país por la dependencia de otras partes del Caribe: una mandarina, cuando se consigue, $2.000; una botella de agua $3.000; una libra de carne de regular calidad $12.000 y un galón de gasolina, en la única bomba, más de $10.000 en tanto que el tiquete de ida y vuelta desde San Andrés, $500.000, pese a que el gobierno anunció subsidios para el transporte aéreo tan pronto tomó medidas especiales en 2012. 

 Los colombianos que van a Providencia y a San Andrés -que no padecen como el isleño los problemas del día a día-se quedan con la impresión de que el fallo de La Haya no pasó de ser una reacción mediática del gobierno, porque el bienestar no ha llegado y las obras anunciadas no se ven.