El fraude que la factura electrónica no pudo evitar

El escándalo de la Fundación Universitaria San José y los títulos de Juliana Guerrero ha escalado de una anécdota de credenciales falsas a una radiografía sobre cómo la corrupción utiliza los propios mecanismos de control del Estado. La reciente revelación de que la institución reportó ante la DIAN tres facturas electrónicas a nombre de Guerrero por matrículas y derechos de grado, con fechas de pago posteriores a la supuesta expedición de sus diplomas, destruye cualquier narrativa de error administrativo. Estamos ante el uso del sistema tributario, diseñado para la transparencia, como herramienta para documentar la corrupción.

Lo grave no es solo que se haya otorgado un título sin requisitos; es que se haya intentado blindar esa irregularidad mediante la formalidad fiscal. La facturación electrónica, en teoría, es el pilar de la modernización tributaria en Colombia. Sin embargo, en este caso, el XML validado por la DIAN no certificó una transacción real, sino que sirvió para fabricar una prueba de legalidad ex post. La tecnología funcionó perfectamente para capturar el dato; lo que falló fue la integridad de quien introdujo ese dato al sistema.

Este episodio expone un vacío institucional. ¿Cómo es posible que una congresista, con un equipo limitado, detecte patrones de irregularidad masiva antes que los sistemas del Ministerio de Educación?

La respuesta no está en la falta de software, sino en la falta de estrategia de datos. Informes de la OCDE sobre integridad pública reiteran que la tecnología per se no corrige debilidades en la gestión de riesgos ni suple la ausencia de una cultura ética. Si los revisores fiscales, los comités de auditoría y los directivos eligen ignorar las señales de alerta, o peor aún, participan en su encubrimiento, la herramienta digital más sofisticada se convierte en un simple notario del desfalco.

Esto plantea un desafío de compliance urgente. No basta con implementar sistemas de facturación electrónica y cumplir con el reporte de información exógena. La verdadera defensa corporativa está en la analítica forense: usar esos mismos datos para detectar anomalías internas antes de que se conviertan en titulares de prensa. Cruzar nóminas con proveedores, auditar la coherencia temporal de los contratos y verificar credenciales académicas contra bases oficiales son tareas que la IA puede automatizar hoy, permitiendo a los oficiales de cumplimiento enfocarse en los casos de alto riesgo. Sin embargo, hay un límite duro que ninguna actualización de software puede cruzar. Incluso en un escenario ideal de interoperabilidad total entre la DIAN, el Ministerio de Educación y la Procuraduría, la tecnología solo puede advertir y registrar. No puede impedir que un rector firme un diploma falso, ni que un contador valide una factura espuria, ni que un directivo ordene maquillar los libros. Esa decisión final sigue siendo humana.

La lección del caso Juliana Guerrero es que la transformación digital del control fiscal y administrativo es necesaria, pero insuficiente. Podemos invertir millones en plataformas de trazabilidad, pero si quienes las operan carecen de escrúpulos, solo tendremos un registro digital más eficiente de nuestras propias corrupciones. El día que creamos que un software reemplaza la ética, habremos encontrado una forma más sofisticada de autoengañarnos, no de combatir la corrupción.