La discusión en el Congreso sobre la Ley de Financiamiento se ha convertido en un pulso político que oscila entre el archivo total y la aprobación fragmentada. Sin embargo, el riesgo no desaparece con la nueva propuesta presentada por el Gobierno Nacional; el déficit fiscal persiste y la necesidad de recaudo buscará, inevitablemente, los bolsillos con mayor liquidez y trazabilidad. En este escenario, la economía digital enfrenta una amenaza que va más allá de una tasa corporativa: un esquema que encarece los inputs de la operación tecnológica a través del IVA a los servicios de software y la infraestructura en la nube y el encarecimiento de la logística híbrida.
El punto más crítico para el empresariado es el tratamiento del IVA del 19% sobre servicios de software, licenciamiento y procesamiento en la nube (IaaS y SaaS). Aunque Colombia ha avanzado en mecanismos de recaudo para prestadores de servicios desde el exterior, la insistencia en ampliar la base gravable sobre estos servicios constituye una barrera de entrada. Para una pyme en proceso de digitalización, la nube no es un lujo, es su planta de producción. Al gravar con tarifa plena estos servicios el Estado está aplicando un arancel a la innovación. La evidencia internacional sugiere que este enfoque es contraproducente. Un estudio de la OCDE sobre tributación en la economía digital advierte que los impuestos al consumo sobre insumos digitales B2B pueden distorsionar la competencia si no se garantiza su neutralidad total. Al encarecer el acceso a AWS, Azure o herramientas de IA corporativa, Colombia corre el riesgo de seguir el camino de países que, en su afán recaudatorio, desaceleraron la adopción tecnológica de sus industrias tradicionales.
Pero también existe un "punto ciego" en la reforma que impacta la economía digital desde el mundo físico: la propuesta de elevar el IVA de los vehículos híbridos del 5% al 19%. A primera vista, parece un impuesto verde o de progresividad sobre automóviles particulares. Sin embargo, bajo la lupa de la operación de negocios, este es un golpe directo al Capex de la logística de última milla. Las grandes plataformas de e-commerce y los operadores logísticos han iniciado una transición hacia flotas híbridas no solo por responsabilidad social corporativa, sino por eficiencia operativa (menor consumo de combustible) y continuidad del negocio (exenciones de restricciones de movilidad como el Pico y Placa). Al triplicar la tarifa de IVA para estos activos, el Gobierno altera la ecuación de retorno de inversión de la renovación de flotas.
El caso de Dinamarca sirve de espejo. Cuando el gobierno danés decidió retirar los incentivos fiscales a los vehículos de bajas emisiones para cubrir déficits presupuestarios, el mercado reaccionó con una contracción inmediata en la adquisición de estas unidades comerciales, obligando a las empresas de logística a extender la vida útil de flotas más viejas y contaminantes. En Colombia, encarecer los híbridos en 2026 impactará el costo marginal de cada entrega realizada por las plataformas digitales, presionando los márgenes en un sector donde la rentabilidad ya es pequeña.
Para los líderes empresariales, la lectura estratégica para 2026 es clara: la eficiencia fiscal del gobierno se está financiando con la ineficiencia operativa de las empresas. Si la reforma consolida el encarecimiento del software base y los activos logísticos de transición, el costo de "ser digital" en Colombia subirá.
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