La estrechez en la oferta de gas natural en Colombia

Actualmente, la demanda de gas natural en Colombia ha decaído a niveles del año 2011, es decir, tenemos un retroceso de casi 15 años en materia de autosuficiencia de este hidrocarburo. Lo anterior, se traduce en una caída sostenida de las reservas probadas (-64 % en los últimos 13 años) y la menor producción doméstica, lo que ha llevado a reducir la oferta de gas natural local, afectado así su disponibilidad y como consecuencia de lo anterior, elevando los precios.

Tan crítica es la situación actual que la participación del gas importado superó el 20 % en 2026, lo que encarece aún más el suministro y restringe el consumo industrial debido a los mayores costos energéticos. En este sentido, el retroceso en la demanda, particularmente en el sector industrial, se debe a sustituciones hacia combustibles de menor precio o mayor disponibilidad (GLP, carbón, fuel oil o bagazo), aunque con mayores externalidades ambientales.

No en vano, según los datos recientes de Naturgas, la pérdida de autosuficiencia en gas natural en el país está obligando a las empresas a migrar hacia combustibles más contaminantes, generando 164.000 toneladas adicionales de emisiones de CO2 al año, lo cual es un contrasentido si se tiene en cuenta las metas de descarbonización que tiene el país. Frente a este último aspecto, se debe tener la claridad de que la política del gobierno actual derivó en este tipo de escenarios al señalar que durante el periodo 2022-2026 no se firmarán nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos, en otras palabras, que se iba a desconocer la importancia de este sector en el proceso de la transición energética del país.

Para enfrentar este tipo de decisiones y retomar la autosuficiencia se plantearon alternativas como, por ejemplo, la importación de gas desde Venezuela previa obtención de la licencia OFAC, la expedición de la Resolución CREG 102 015 de 2025 para garantizar el suministro del mercado mayorista de gas natural, el impulso a los proyectos de regasificación, en donde se contabilizan más de 14 proyectos ubicados principalmente en el Caribe y el Pacífico colombiano que, sumados, podrían alcanzar una capacidad de 2,520 millones de pies cúbicos.

El problema de este tipo de políticas es que hoy no hay una planificación del sistema totalmente clara y la única respuesta es ampliar la infraestructura para importar el gas natural, en ese sentido, se debe evaluar si lo que se está haciendo con los puntos de regasificación es un respaldo transitorio o si es la política energética de Colombia a largo plazo que está avanzando estructuralmente hacia una mayor dependencia del mercado internacional, lo que a su vez ocasionaría un retroceso en la estabilidad energética del país.

De igual manera, se debe evaluar la posibilidad de retomar la reactivación de los recursos existentes en yacimientos no convencionales. Según Naturgas, en los departamentos de Magdalena y Cesar se había identificado un potencial de aproximadamente 10 TPC de gas natural. En este orden de ideas, teniendo en cuenta que al 2023 las reservas de gas natural de Colombia eran de 2,37 TPC y alcanzaban para 6,1 años, este potencial abría la oportunidad de multiplicar por cuatro las reservas de gas en Colombia.

Lo anterior resulta prioritario, ya que, en la eventualidad de una reactivación de proyectos en Colombia, estaríamos recuperando el autoabastecimiento entre ocho y 10 años, cuando la oferta mundial de gas licuado posiblemente se haya incrementado, según estimaciones, entre 40 % y 60 %.

En este sentido, la estrechez en la oferta de gas natural en Colombia ya comienza a reflejarse en impactos ambientales. Durante el último año, el sector industrial sustituyó cerca de 38,6 gigas de BTU por día de gas natural por combustibles más contaminantes, lo que generó un aumento estimado de 164.000 toneladas adicionales de CO2 equivalente al año. Lo que va en contravía de la política energética del país y las metas fijadas por el actual gobierno.

Ante este escenario, se debe incrementar la oferta de gas natural y, para ello, es necesario viabilizar tanto fuentes de suministro locales como externas que permitan garantizar un abastecimiento confiable y competitivo para el sector productivo. En otras palabras, la política actual debería centrase en abordar la necesidad constante de garantizar la seguridad energética del país y, por lo tanto, asegurar la posibilidad de contar con diferentes fuentes de abastecimiento.

Cabe recordar que de acuerdo a las estimaciones de Naturgas, el sector enfrenta un déficit estructural de gas de alrededor del 17 % de su demanda total, la cual puede ampliarse hasta el 20 % el próximo año. Por consiguiente, si para el año 2029 no se incorporan nuevas fuentes nacionales de gas, el déficit podría alcanzar hasta el 56 % de la demanda.

Con todo lo anterior, el próximo gobierno debe entender que la transición energética no es sinónimo de escasez energética. En ese sentido, la transición energética debe ser entendida bajo los preceptos del panorama energético mundial actual, es decir, debe centrase en abordar la necesidad constante de garantizar la seguridad energética del país, para lo cual se debe contar con todos los recursos energéticos disponibles y, por lo tanto, no puede desconocerse dicha realidad y urgencia.