Conozca cuáles son las multas si expone datos recopilados por videovigilancia

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El panorama de la videovigilancia en Colombia muestra una infraestructura robusta, con 26.679 cámaras bajo el control de las autoridades, de las cuales 14.963 se encuentran operativas según el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad a 2025. Este despliegue técnico conlleva una responsabilidad jurídica sobre la gestión de datos personales, regida principalmente por la Ley 1581 de 2012 y el Código de Procedimiento Penal.

La normativa colombiana establece que el tratamiento de imágenes captadas en espacios públicos debe obedecer a principios de legalidad, finalidad y proporcionalidad. Los datos recolectados no pueden utilizarse para fines distintos a la seguridad y su administración requiere protocolos que garanticen la integridad de la información desde su captura hasta su eventual eliminación.

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Miguel Castellanos, representante de Genetec, afirma que proteger la información captada en espacios públicos implica controlar quién accede a los datos y cómo se organizan las evidencias. Según el directivo, mediante herramientas tecnológicas es posible gestionar archivos de casos en entornos seguros, asegurando que solo personal autorizado acceda a ellos. Germán Florez, director de la maestría en innovación en derecho digital y legal tech, explica que las imágenes solo pueden mantenerse por el tiempo estrictamente necesario para cumplir la labor de recolección, situándose usualmente entre los 15 y 30 días. Florez aclara que el aviso de zona videovigilada es suficiente para informar en espacios públicos donde la autorización individual es imposible. No obstante, advierte que esto no autoriza el uso de datos biométricos sensibles, como el reconocimiento facial, que requieren mayores garantías y autorizaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC.

En el ámbito jurídico, el administrador de un sistema de videovigilancia que permita la circulación de imágenes fuera de los canales legales enfrenta sanciones severas. El Código Penal colombiano sanciona la violación de datos personales con penas de prisión de 48 a 96 meses y multas que oscilan entre los 100 y 1.000 salarios mínimos mensuales.

Derechos de los ciudadanos

Los ciudadanos poseen el derecho de eliminación de sus datos cuando la finalidad de la grabación ha cesado. El titular puede preguntar si fue grabado y solicitar que las imágenes no se mantengan más tiempo del necesario, siempre que no existan investigaciones judiciales en curso o intereses fiscales.

Prevención de filtraciones

La integridad de los archivos se fundamenta en la cadena de custodia digital y el uso de valores hash para verificar que no existan alteraciones. Daniel S. Acevedo Sánchez, socio de Ecija Tech, señala que herramientas como el hash SHA-256 funcionan como una huella digital matemática donde cualquier cambio en el archivo original altera el código resultante. La evolución de estas tecnologías responde ahora a retos como los deep fakes. Acevedo destaca la importancia de estándares como el C2PA, impulsado por organizaciones globales, que crea un manifiesto criptográfico sobre quién capturó la imagen y con qué dispositivo, permitiendo demostrar la procedencia real del contenido audiovisual.

Para mitigar esto, se implementan marcas de agua dinámicas en las pantallas que muestran la identidad de quien visualiza el video. Si se produce una difusión indebida, estas marcas permiten rastrear al responsable directo de la filtración en las plataformas de gestión.