jueves, 18 de mayo de 2023
En el pasado congreso de Acolgen, el Presidente de la República y la Ministra de Minas y Energía en sus intervenciones pusieron de presente el apoyo del gobierno a la transición energética y recalcaron el potencial que tiene Colombia en la generación de energía renovable. Sin embargo, es contradictorio este apoyo y a la vez su intención de incrementar el costo de los proyectos solares y eólicos, tal como fue aprobado en el texto conciliado entre Senado y Cámara del Plan Nacional de Desarrollo a principios del mes de mayo.
La norma original de 1999 creaba las denominadas transferencias del sector eléctrico como rentas que recibirían las corporaciones autónomas regionales. En su momento, solamente se gravaban a las plantas de generación de energía hidroeléctrica y térmica. Sin embargo, conforme han empezado a aparecer en el país las plantas de energía renovable, al mejor estilo del árbol de navidad, se han ido colgando en forma desordenada incisos, referencias y parágrafos a la norma original sin entender ni tener en cuenta el contexto o los antecedentes normativos.
Como resultado, el texto conciliado del artículo 233 del Plan Nacional de Desarrollo, adiciona 3 parágrafos al artículo 54 de la Ley 143 de 1994, en el sentido de incrementar de 1% a 6% las transferencias que se deben pagar sobre las ventas brutas de energía producida a partir de fuentes no convencionales, para aquellas plantas que aún no se encuentren en operación y que estén ubicadas en las áreas con mayor radiación solar y de mayor velocidad de viento del país. Para plantas que ya estén operando o que tengan asignación de obligaciones con el sistema, el porcentaje del incremento de transferencia quedó fijado en 4%.
En plata blanca, esto significa un mayor costo para los proyectos de generación de energía renovable en nuestro país, dado que un gran número de proyectos se construyen precisamente en estas zonas, pues como es obvio, los desarrolladores buscan las zonas donde el recurso solar y eólico es más potente. Por otro lado, la gran mayoría de proyectos que están en desarrollo en el país, aún no cuentan con un PPA que les permita vender la energía que van a producir y tener unos ingresos estables y de largo plazo para poder buscar la financiación necesaria para empezar la construcción. Con el artículo 233 del Plan Nacional de Desarrollo se le agrega al modelo en Excel un costo del 6% sin saber si quiera si el proyecto efectivamente podrá ser construido.
Además de los complejos temas que deben lidiar estos proyectos con las comunidades presentes en las áreas de influencia y los atrasos en la infraestructura de transmisión, este nuevo costo viene a engrosar la lista de señales negativas para la inversión. Como bien lo dijo el exministro Mauricio Cárdenas en su intervención, si bien Colombia tiene potencial para el desarrollo de energías renovables, tampoco se puede afirmar que somos el único país con condiciones propicias para la energía eólica y ni tampoco somos el de mayor potencial solar en la región. Por lo que en lugar de atraer la inversión para seguir trabajando en realizar una transición energética robusta, estamos incrementando los costos de hacer proyectos en nuestro país.
