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Jueves, 4 de febrero de 2016

Estas medidas parecen ya no ser suficientes. Con el precio del barril promediando los US$30, la actividad de exploración se ha visto alarmantemente reducida, hasta llegar al punto en que los pozos exploratorios se han visto reducidos en un 82% y las sísmicas en un 96% aproximadamente, lo que significa que nuestras reservas nacionales, calculadas para unos 6 años, no van a incrementarse en lo absoluto.

Si el precio del barril mantiene su tendencia, las petroleras se van a ver obligadas a dejar de invertir en la modernización de los equipos de extracción, lo que deriva en una inminente reducción en la producción afectando duramente el valor de las acciones de las empresas.

Lamentablemente, seis años después del fin de la bonanza petrolera, Colombia, un país no petrolero, aún está padeciendo las graves consecuencias de haberse convertido en una economía dependiente del crudo.

El país parece haber olvidado que la actividad extractiva no se limita a la explotación de petróleo y minerales, el gas también es un hidrocarburo muy importante del cual se procesa la mayor variedad de derivados de los hidrocarburos. Hay que recordar que no solo nuestras reservas petroleras se van a ver afectadas en el futuro, nuestras reservas de gas que ya se han venido reduciendo drásticamente y lo seguirán haciendo si no hay un cambio en la política actual. 

La solución para este problema en particular, depende de la capacidad de las autoridades administrativas para regular y promover el interés de los particulares en la explotación de éste recurso que no solo se encuentra en yacimientos profundos con altos costos  operacionales para su extracción. También existe en yacimientos no convencionales de gas metano asociado al carbón entre otros, cuya explotación solo beneficiará al desarrollo sostenible del país.

Este recurso no ha sido debidamente explotado por la falta de regulación que desde mayo del 2008, a través del Documento Conpes 3517, se le dio como plazo máximo tanto a la Agencia Nacional de Hidrocarburos como al Ministerio de Minas, 6 meses para elaborar y adoptar un reglamento para la exploración y producción de Gas Metano Asociado al Carbón; y un plazo de 9 meses para adoptar un modelo de contrato para la exploración y producción del gas y adoptar mecanismos pertinentes para prevenir posibles conflictos entre explotadores de carbón y de gas.

El citado Conpes, lejos de ser perfecto, al menos es una guía que pretende dar los primeros pasos para el desarrollo sostenible del gas, pero cabe preguntar a las autoridades ¿qué ha sucedido con estas recomendaciones? Se podría pensar que después de casi 8 años de la expedición del Conpes, ya habría un avance significativo en la materia, pero esto no es una realidad.

Esperemos que la expedición de la regulación sea oportuna y completa y no se expidan normas de afán y políticas que dejarán vacíos legales e inundarán a la jurisdicción de litigios costándole millones a los particulares y al Estado