lunes, 29 de noviembre de 2021
El crecimiento significativo del Estado, tan cuestionado en la década de los ochenta, se ha impuesto como tendencia en los últimos tiempos, y sobre todo a raíz de la pandemia.
En los años setenta, en los Estados Unidos, se pusieron en boga las tesis Keynesianas del Estado de bienestar o benefactor, que suponía entre otras cosas la creación de subsidios en aras de garantizar los derechos sociales de todos los ciudadanos.
Ello fue consecuencia de la crisis económica que se caracterizó entre otros factores, el alza del costo de vida de los ciudadanos.
Por su parte, los bancos aumentaron las tasas de interés en un 17.50%, el desempleo se incrementó en un 8.9% y el gasto fiscal se expandió considerablemente.
Con la llegada al poder Margaret Tatcher, en el Reino Unido, y a raíz de la apertura económica, en la mayoría de los países, el Estado providencial, dio paso al “neoliberalismo”, que propendía por el control del gasto fiscal y la preservación y garantía del funcionamiento del libre mercado.
Uno de sus principales defensores fue el presidente republicano Ronald Reagan, quien sostuvo que, “el Gobierno no es la solución a nuestro problema, el Gobierno es nuestro problema”.
Ahora Biden está pretendiendo regresar de nuevo al Estado del bienestar y ha sostenido que, el “Gobierno sí es la solución”.
El diario español El País, ha expuesto que, “el insólito desastre provocado por la pandemia del covid-19, sirvió de impulso y amparo al presidente de EE.UU. para romper el paradigma económico neoliberal de las últimas décadas”, pues, en menos de un año, expandió el gasto público en 4 billones de dólares concentrados en ayudas sociales, y aumentó la tasa de desempleo en un 14.8%.
Según Portafolio, entre los principales subsidios se encuentran, (i) las ayudas a desempleados (US$1.200 al mes), (ii) los subsidios de alimentación por cada hijo (US$500 mensuales), y (iii) la financiación del seguro social (US$350 mensuales).
Estas ayudas han contribuido con una fuerza brutal al desempleo en Estados Unidos. Así en 2020, la cifra de desempleados subió de 5.717.000 a 23.109.000, pues, las ayudas estatales son iguales o superiores al salario minino (US$7.5 por hora), lo que ha impulsado el “desempleo voluntario”. ¿Para que va la gente a trabajar si gana mejor estando desempleada?
Ello ha sido muy grave para el sector privado que no encuentra personal, lo que detiene el crecimiento económico y desincentiva la creación de empresa.
The Economist, menciona que, “los costos crecientes de los subsidios financiados por el gobierno y la burocracia han conllevado a una expansión desmedida del estado, lo que, sin duda es preocupante”.
En Colombia, el crecimiento del Estado es un asunto que debe revisarse con especial atención. El gasto público alcanzó el 33.45% en 2020, lo que, ha empeorado su posición frente al resto del mundo. [GI1]
El Índice Global de Complejidad Corporativa de 2021 revela que, “Colombia es el cuarto país más complejo para crear empresa”, lo que, impide el desarrollo económico del país.
No hay duda de que el crecimiento del Estado y de la burocracia conlleva a que el costo de los ciudadanos se dispare y a que su calidad de vida se vea deteriorada de manera significativa, además de que incrementa significativamente la corrupción, los impuestos que pagamos los ciudadanos se esfuman en gastos de funcionamiento y en el mantenimiento de una burocracia improductiva que se inventa trabas que carecen de justificación, son lesivas para nuestra competitividad, incrementan el costo país y vulneran la iniciativa privada.
