martes, 7 de abril de 2020
Es claro que el Covid-19 nos impacta en todos los sentidos. El confinamiento y la desaceleración económica fueron cuestiones de pocos días y tendrá efectos inmediatos en materia económica y laboral. Otro de los impactos para las compañías colombianas será en los análisis económicos de precios de transferencia, donde nosotros como asesores deberemos buscar alternativas de análisis y de la mano con las compañías levantar los soportes idóneos que permitan cuantificar su impacto en las operaciones intercompañía y resultados financieros de 2020.
Por ejemplo ¿se podrá exigir utilidades a las compañías distribuidoras pertenecientes a un grupo multinacional? O ¿a las manufactureras que parte importante de su negocio es la producción de bienes bajo solicitud de sus vinculados económicos?
La respuesta inmediata que se viene a nuestra cabeza es que probablemente no. Ante una materialización de un riesgo de mercado como este, las pérdidas deben ser compartidas entre las compañías colombianas y el grupo multinacional. Es imposible mantener los mismos niveles de rentabilidad bajo idénticas condiciones de negociación pactadas con los vinculados, por lo tanto, las compañías deben renegociar condiciones ya, así como lo harán con clientes y proveedores no vinculados.
De una ecuación desbalanceada de bajos ingresos y altos costos, las compañías ya se resienten en algunas variables: disminución de su capacidad instalada (utilización de las plantas cerca a 50%), decrecimiento de las ventas debido al menor consumo, aumento de los costos laborales, incremento de costos de prevención (las compañías invierten en campañas y productos como geles antibacteriales, máscaras, equipos de protección y otros en un esfuerzo por mantener a salvo a sus empleados), impacto en la cadena de suministros (pérdida de producción por falta de insumos, costos logísticos y de inventarios adicionales), entre otros.
Como asesores deberemos evaluar cada una de estas variables con todo detalle para el desarrollo de los análisis y así reflejar los ajustes en la información financiera de las compañías, que permitan realizar comparaciones y llegar a conclusiones razonables. Está en nuestras manos como asesores, y de la mano con las compañías, presentar a las autoridades tributarias los ajustes económicos realizados y convencerlos que son necesarios para llegar a deducciones sensatas bajo el escenario económico actual.
De la mano esperamos apoyo del Gobierno y la Dian, por ejemplo, para no realizar procesos de fiscalización para el periodo 2020 o por lo menos del último trimestre. Suficientes preocupaciones tienen las compañías al enfrentar esta situación extraordinaria que pone en riesgo la continuidad de las operaciones, como para preocuparse de futuros procesos de fiscalización en materia de precios de transferencia.
Por el otro lado, el empresariado colombiano también tiene una responsabilidad social con más relevancia ahora que en cualquier otro momento cercano de nuestra historia económica, pues el bienestar social y económico de sus empleados cobra relevancia sin ir en contravía de la búsqueda de rentabilidad que haga a las compañías permanecer en el tiempo.
Esperamos que la responsabilidad del Gobierno y del sector empresarial logre equilibrar las fuerzas y las cargas en beneficio de la sociedad. Es un delicado equilibrio que el Gobierno deberá mantener, tarea difícil en la actual situación, pero en estos momentos es donde esperamos lo mejor de nuestros gobernantes.
