martes, 13 de agosto de 2019

La familia como núcleo esencial de la sociedad está en crisis, entre otras razones por temas económicos, adicciones, ataques de ideologías que promueven su disolución, comportamientos machistas o feministas que menoscaban su unidad y su estabilidad.

Si a lo anterior se suma hechos violentos como el de una madre que en Colombia asesina a sus dos hijos, o la violencia sexual de un tío hacía su sobrina menor de siete años, eso quiere decir que vivimos en un país enfermo y valdría la pena preguntarse: ¿Cómo podemos proteger al núcleo familiar?

Si bien existe un sistema jurídico robusto que protege a los integrantes de esta institución, parece que no es suficiente.

A nivel internacional, están los convenios de La Haya, relativos a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional; además se encuentran otras convenciones como la de la obtención de Alimentos en el Extranjero, la de Restitución Internacional de Menores, la del Tráfico Internacional de Niños, la de las Obligaciones Alimentarias y el Convenio sobre la Jurisdicción.

En cuanto al ordenamiento interno colombiano, existe una protección de rango constitucional a la familia (artículo 42) y el establecimiento de la protección preferente de los derechos del menor (artículo 44), de igual manera a nivel normativo está la ley de infancia y adolescencia que regula todos los aspectos de protección de los niños, las niñas y los adolescentes.

Además de este amplio espectro normativo, el Estado cuenta con instituciones como el Instituto de Bienestar Familiar, el Sistema Administrativo de Infancia y Adolescencia, las Comisarías de Familia y una jurisdicción de menores.

Sin embargo, pese a estos instrumentos legales, la realidad en Colombia evidencia que los derechos de la familia se siguen pasando por la faja y pese a la existencia de una amplia regulación no se alcanzan a remediar males como, por ejemplo, la violencia doméstica. ¿Por qué? La respuesta es clara, por la falta de la aplicación del principio de corresponsabilidad entre el Estado y la ciudadanía.

Para responder a esta problemática, propongo la creación de una red de familias para cuidarse mutuamente. Esta idea se centra en que las cabezas del hogar se unan y se comiencen a comunicar entre sí con pares para cuidar su entorno, sus hijos y los demás integrantes de la familia, una especie de “cuidándonos” en colectivo podría ser la respuesta preventiva a casos de abuso a menores o de incidentes de violencia doméstica.

Esta iniciativa surge de analizar cómo se estructuró Familias en Acción, programa que nació hace más de 16 años en el cual se organizaron las mujeres jefas de hogar para administrar los recursos que el Estado les brindaba, pero también establecieron redes para estar pendientes de que los niños recibieran los subsidios, así como de organizarse para saber los requisitos de permanencia en esta iniciativa, de donde emergieron también las lideresas comunitarias.

Ahora, replicar este modelo a nivel comunitario en donde las mismas familias se auto protejan, estando pendientes de si los niños se quedan solos por mucho tiempo o si una persona lleva uno o más años sin empleo y es la responsable del sostenimiento del hogar, podría evitar las graves tragedias que se dan por falta de comunicación temprana.