La Colombia de los años 80 me dejó cicatrices profundas. Aún recuerdo con horror en mis primeros años de universidad el magnicidio de Luis Carlos Galán y la profunda desazón y desesperanza que eso causó en mi generación. Las imágenes también de otros líderes políticos asesinados, el auge del narcotráfico, la violencia desbordada y una economía frenada por el miedo marcaron mi generación.
Por eso, el atentado contra Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, nos estremeció como sociedad y, con contundencia, debo decir, no quiero que mis hijos vivan lo mismo. No solamente por el intento de silenciar con violencia a un líder joven y preparado, sino porque nos recuerda los años más oscuros que creíamos superados. Nadie en su sano juicio quisiera revivir esa indeseada historia.
Hoy primero expreso mi solidaridad sincera con él y su familia. Espero su recuperación con mis oraciones y mejores deseos. Pero este ataque no puede verse sólo como un hecho aislado: golpea el corazón de la democracia, alimenta la desconfianza, y afecta también nuestra economía. La historia lo ha demostrado.
En los años 80s, mientras se multiplicaban los asesinatos, secuestros y atentados, la inversión extranjera e interna se reducía, los empresarios aplazaban decisiones, y el crecimiento económico y empleo se estancaban.
Según estudios académicos de aquella época, cada aumento en la tasa de secuestros redujo significativamente la inversión. La violencia costó al país más de 3% del PIB anual, fuga de capitales y gastos en exceso en seguridad privada de 1,7% del PIB. Cada peso destinado a protegerse era un peso menos para generar empleo o innovar.
Y lo más grave: la violencia genera incertidumbre. Esa palabra que paraliza a los mercados, que ahuyenta capitales y que deteriora el ánimo colectivo.
Ya hoy hay suficientes alertas. La inversión privada cayó cerca de 18% en 2024. La incertidumbre económica ha estado en máximos. El empleo mejora, pero sostenido en informalidad y gasto público, no en confianza productiva. Un nuevo ciclo de violencia política, como el que vivimos hace décadas, solo agravaría este panorama.
Lo hemos vivido: los magnicidios de Galán, Pizarro, Jaramillo y otros, no solo arrebataron vidas, también desfiguraron el rumbo democrático. En ese entonces, la violencia reemplazó el debate. Hoy no podemos permitir que el odio, la estigmatización o el lenguaje incendiario hagan lo mismo. Y menos aún, cuando provienen de quienes deberían liderar con el ejemplo desde el gobierno.
Colombia necesita nuevos liderazgos: empáticos, equilibrados, reposados, humanos y alejados del odio y resentimiento. Que en los momentos difíciles inspiren unidad, no división. Que representen con dignidad el bien común. Ese es nuestro gran desafío como sociedad: no normalizar la violencia ni tolerar el resentimiento como forma de poder.
El atentado contra Miguel Uribe debe marcar un punto de inflexión para nuestra democracia. No podemos volver al miedo. Nuestra democracia, nuestra economía y nuestra esperanza no lo resistirían.
La respuesta debe ser clara: cero tolerancia a la violencia y cero permisividad con quienes siembran odio. Solo así podremos avanzar con esperanza y unidad.
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