martes, 12 de marzo de 2024

Al momento de enfrentarse a un litigio, es usual pensar en la contratación de un profesional que sea experto en el conocimiento procesal o sustancial de una controversia. Idealmente, el cliente busca un experto en ambos aspectos. Sin embargo, en esta oportunidad quiero llamar la atención sobre un punto que es casi tan trascendental como el conocimiento procesal y sustancial de un asunto en disputa: me refiero a la correcta valoración y cuantificación del daño en los procesos judiciales.

El daño resulta ser el factor determinante para cliente ya que a partir de su demostración es que el cliente obtiene lo que pretende. En un proceso judicial se puede dar un debate profundo respecto a los hechos o la responsabilidad de cada parte, pero si no se determinan los daños el demandante no obtendrá lo que realmente busca.

A lo largo de mi experiencia, me he dado cuenta que el rol del abogado normalmente no contempla la combinación del derecho con el conocimiento de otras disciplinas. Conceptos como el valor del dinero en el tiempo, la comprensión financiera de un perjuicio sufrido, y el impacto de ese perjuicio proyectado en un horizonte de tiempo entre otros, son elementos que en muchas ocasiones escapan a la aproximación que los abogados suelen hacer al momento de enfrentar una controversia. Así, al momento de hacer la valoración de un daño no se trata solo de reconocer valores nominales, sino de identificar y utilizar metodologías que permitan cuantificar y reconocer el daño sufrido en su conjunto, cosa que no solo es casuística sino además que deberá contemplar el valor subjetivo asociado a cada caso concreto.

Siendo cierto que para el cliente lo más importante es su negocio, el que el asesor jurídico seleccionado para defender sus intereses no domine otras áreas de experticia que le permitan comprender correctamente un daño sufrido, hacen que al momento de intentar defender los intereses del cliente, la perspectiva de defensa resulte ser insuficiente por la carencia de instrumentos que permitan formarse una opinión correcta sobre un daño.

Así, al no poder formarse una opinión correcta, traducir un perjuicio en la presentación de pretensiones
idóneas al amparo del ordenamiento jurídico, se convertirá en un imposible por falta de comprensión del daño sufrido y hará que el cliente no reciba el valor que de ganar el proceso debería recibir.

Usualmente, los abogados subsanamos la falta de comprensión de la dimensión del daño mediante la
incorporación de terceros al proceso. Peritos técnicos o financieros entre otros, acuden para llenar los
espacios sobre los que el abogado no tiene pleno dominio. No obstante, la incorporación de peritos está ligada más a la fase probatoria, y no es menos cierto que son los abogados quienes en principio mejor entienden cuáles son los daños que el ordenamiento jurídico reconoce, la forma en la que la valoración de los daños es tratada por la ley y la jurisprudencia, y cómo hacer que estos daños puedan ser tutelados al preferir una sentencia.

Si un prestador de servicios legales logra integrar diferentes áreas del conocimiento que le permitan entender las estructuras - inicialmente financieras, técnicas o comerciales - mejor será la comprensión que el Abogado tendrá litigio, y más viable será que las pretensiones que este construya estén enmarcadas en los verdaderos intereses del cliente.

Así, los litigantes siempre deben tener claro que la comprensión del negocio es la esencia del litigio, y que la falta de conocimiento integral para la valoración del daño va en detrimento del cliente.