martes, 10 de mayo de 2022
La evasión fiscal es una conducta tan antigua como la propia fiscalización, es decir, en el Antiguo Egipto el imperio ya demandaba tributos a sus súbditos y asimismo la conducta de evadir el deber del pago sin renunciar al beneficio de los servicios recibidos se hizo aparente. 5 000 años después, estamos en una realidad mucho más dependiente de los recursos tecnológicos para efectuar cualquier tipo de transacción derivada de bienes y servicios; y es por esto que, las oportunidades para controlar las conductas elusivas de los consumidores empiezan a tomar forma a través de la inteligencia artificial.
En la última publicación del “Informe de recaudo, lucha contra la evasión y el contrabando” publicado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el valor consolidado de enero a diciembre de 2021 en materia de gestión efectiva de fiscalización fue de COP $10.39 billones una cifra significativa en materia de caja disponible para la nación, pero también es una cifra que revela que los participantes de la economía colombiana obligados a tributar siguen estando fuertemente incentivados a desviarse de los intereses de la nación para favorecer los propios (nada que no haya sugerido Adam Smith al definir el egoísmo como algo natural de los individuos e imprescindible para la vida).
Esta eterna dinámica de perseguido y perseguidor tiende a ser cada vez más sofisticada a través del tiempo y es en este punto donde la administración tributaria podría maximizar sus beneficios en materia de fiscalización y ganar terreno modificando sus restricciones de tecnología a través del uso de algoritmos de inteligencia artificial, en otras palabras, plasmar en líneas de código un modelo que se ajuste al comportamiento de los contribuyentes que estén siendo analizados y así facilitar la tarea de todos aquellos funcionarios que, por limitaciones de tiempo, personal a cargo y recursos tecnológicos, no pueden cumplir con la totalidad de sus objetivos y por ende, la probabilidad de evadir obligaciones fiscales sin que el contribuyente se vea afectado sea lo suficientemente grande como para que el no cumplimiento del deber con el estado siga siendo considerado como un riesgo menor.
Las ventajas de la implementación de estas herramientas tecnológicas ya las han entendido administraciones tributarias como Finlandia, Irlanda o Suecia, que siguieron los pasos establecidos en el Plan Coordinado sobre Inteligencia Artificial emitido en 2018, el cual sugiere que cada administración pueda centrar sus recursos en fortalecer y automatizar cada uno de sus procesos. Estas administraciones han aplicado incluso modelos de insolvencia para anticipar posibles defaults de grandes compañías.
La administración en Colombia cuenta con el ecosistema idóneo para realizar cualquier tipo de análisis de inferencia estadística al contar con un volumen de datos suficientemente robusto, la decisión está en aquellos que tengan la convicción de darle un espacio al análisis de datos como mecanismo de delimitación y control sobre la información financiera de cada uno de los contribuyentes en el país. Las perspectivas jurídicas, éticas y económicas pueden alinearse con el uso de estas herramientas para corregir comportamientos que de atenten contra la institucionalidad y sigan generando rezagos sobre el sistema de recaudos.
