jueves, 3 de abril de 2014
Ante la indignación nacional, la Ministra de Ambiente viaja al Casanare y asegura que junto con el Ideam se habían hecho advertencias al respecto y se esperaba respuestas efectivas de las instituciones locales. Por su parte, la gobernación hace un plan con medidas cortoplacistas que no lidian con el problema estructural que está generando la crisis. El Gobernador reclama la ayuda de uno de los gremios inculpados (el petrolero) y obtiene 560 millones en especie para poner en marcha el plan. Se encuentra un culpable, se obtiene una pequeña compensación y se da una respuesta que se asimila más a un analgésico para la fiebre que un antibiótico para acabar con la infección.
En forma aún menos contundente, Corporinoquia plantea que “las medidas que se puedan tomar son mínimas” y representan “un trabajo muy complicado”. Esto parece desconocer que todos los años los primeros meses son de sequía en el departamento. La emergencia es una manifestación extrema de una dinámica característica del ecosistema. En efecto, hay advertencias al respecto que datan del siglo pasado, cuando el director de Corporinoquia en 1997 denunció la deuda ambiental de las petroleras con la Orinoquia. En 2010, la Procuraduría había solicitado incluir variables ambientales dentro de los POT como parte de las funciones de las corporaciones regionales (Ley 99 de 1993). En enero de este año el departamento estaba en alerta roja por posibles incendios forestales.
La búsqueda de culpables opaca la causa estructural de la situación en Paz de Ariporo, de la misma forma que lo hizo con la de los estragos de la ola invernal de octubre de 2010. Ambos procesos tienen como factor común que la situación de vulnerabilidad del territorio frente amenazas de origen hidrometeorológico es el resultado de la falta de adaptación de este a la variabilidad climática.
A pesar de que Colombia fue uno de los primeros países en Latinoamérica en legislar respecto a temas ambientales, los constantes cambios que ha sufrido la institucionalidad la han debilitado y desarticulado, dejándola con un papel desdibujado en el momento de incluir la armonización del territorio con los desarrollos de los sectores productivos y en la articulación de la gestión ambiental con la del riesgo. Las CAR han sido modificadas desde su creación más de tres veces.
Un escenario de debilidad institucional y de fortines políticos determina el manejo de concesiones y licencias que son la clave de la armonización del territorio con el desarrollo productivo de las regiones. En el caso de Corporinoquia el pálido papel que ha jugado en sintonizar el desarrollo económico con los límites de resiliencia de los ecosistemas explica en gran medida la emergencia. El cambio climático no es culpable de los estragos que generan los episodios de climas extremos. Culpable es la vulnerabilidad, que en Colombia ha sido creciente y construida históricamente por dos factores interrelacionados: i) deterioro de los ecosistemas y ii) deficiente planificación del territorio y los sistemas productivos.
Encontrados los culpables de fondo y superada la situación de emergencia, debe construirse una respuesta que sirva como ejemplo a las demás situaciones de vulnerabilidad. Tal solución de largo plazo debe incluir en forma integrada la gestión ambiental y de riesgo, de tal forma que las características ecosistémicas del territorio y las actividades productivas estén en sintonía. Los agentes económicos actúan según unas reglas del juego establecidas. Si la institucionalidad ambiental estableciera límites a estas actividades a través de la herramienta clave del ordenamiento territorial y la aplicación de su legislación, el resultado sería otro. Pero cabe preguntarse la influencia que tienen los gremios en el país en la construcción y respeto de estas reglas del juego.
