sábado, 12 de diciembre de 2015

Mientras la preocupación nacional se centra en las implicaciones del fenómeno de “El Niño” en la generación de energía, la solución al desabastecimiento de acueductos queda en manos de los municipios. Hay convencimiento de que los servicios de acueducto y alcantarillado son responsabilidad municipal y algunos expertos dicen que esta opinión generalizada no se sustenta ni en la Constitución ni en la Ley. 

Lo que explica la “territorialización” de agua y saneamiento, es la supuesta ausencia de una red interconectada nacional, olvidando que la interconexión de los acueductos es la cadena hídrica nacional. Mientras la energía eléctrica cuenta con oferta sustituta e infraestructura de respaldo como las térmicas, la demanda básica de agua potable es inelástica.

La menor preocupación por el desabastecimiento de acueductos tiene que ver con la ausencia de un mercado mayorista de agua.  El país ha pensado en centrales hidroeléctricas y térmicas que soportan en tiempos de escasez de lluvias, la generación de energía, pero no desarrolla embalses multipropósito que permitan  abastecer agua cruda a los acueductos. De hecho, no existe en forma evidente un cargo por confiabilidad para ese fin.

Otro aspecto radica en reconocer que agua y saneamiento constituyen un monopolio natural, cuya regulación como mercado competitivo es más teórica que práctica.  Siendo el mercado de energía también un monopolio natural, la regulación y la institucionalidad han logrado hacerlo competitivo.

A diferencia del sector eléctrico, no existe un mercado bursátil de agua para acueductos, pues faltan infraestructuras de abastecimiento que faciliten la presencia de generadores de agua de manera similar  a la del Mercado de Energía Mayorista MEM. Tampoco existe para agua y saneamiento un Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales como  la (Asic) del sector energético que recaude lo que pagan los usuarios por confiabilidad. 

Son varias las fuentes de financiación en agua que se asimilan al cargo por confiabilidad y que hoy se encuentran dispersas en numerosos gravámenes, tarifas e instituciones recaudadoras. Veamos: 1% que pagan las obras públicas que utilizan agua, la tasa retributiva que ya representaba un recaudo de $1,17 billones de pesos de un total de gastos por $3,7 billones en 2007, la tasa de uso del agua, el cobro del Costo Medio de Largo Plazo mencionado atrás y el valor de reposición de activos que también se incluye en la tarifa de acueducto. Sería necesaria una Asic del agua que reúna en un solo fondo recursos destinados a la protección del recurso hídrico y permitan adelantar inversiones de impacto en la recuperación de cuencas, así como para financiar infraestructuras de abastecimiento con destino a los acueductos.

La esperanza es que el sector agua potable sea considerado estratégico, con un sistema institucional que planifique, como la Unidad de Planeación Minero Energética, con una administradora de intercambios y centros regionales de despachos de agua, y con una Agencia Nacional del Agua, similar al Consejo Nacional de Operación de Energía.