martes, 20 de mayo de 2014
Pero que en aras del control preventivo otorgado por la Constitución Política Colombiana a la Procuraduría, se ha logrado la intervención en 521 minas y campos petroleros generadores de impacto ambiental, dentro de las actividades mineras se han detectado 158 minas en donde se desarrolla actividades ilegales, 52 han sido suspendidas y como consecuencia de la intervención han sido cerradas 239 minas las cuales ya no generan impactos al medio ambiente.
Además puntualizó, que la industria minera debe tener en cuenta la variable ambiental, para realizar proyectos sostenibles y realizó la recomendación a los empresarios mineros y petroleros de adoptar buenas prácticas en el desarrollo de sus proyectos.
De esta manera la intervención del procurador va orientada con el estudio realizado por la escuela de Asuntos Internacionales de la universidad de Columbia, liderado por el profesor Jenik Randon, el cual establece que para que los recursos naturales en Colombia le genere prosperidad al país, es necesario minimizar el impacto social y medio ambiental, así como crear un fondo separado de los recursos generados por esta actividad y destinarlos a los que el país realmente necesite.
Dentro de los puntos que la Procuraduría ha desarrollado mayor control, estableciendo faltas disciplinarias a los funcionarios, es en el tema de las regalías, por ser una fuente importante de financiación del Estado y sus entidades territoriales, advirtió el Procurador Ordoñez, que dicha contraprestación debe lograr el mejoramiento de la vida de los colombianos, y se debe evitar a toda costa su uso indebido, para efectivamente lograr que la población más vulnerable cuente con mayores beneficios a través de dichos recursos.
Así mismo advirtió que la Procuraduría General de la Nación es la máxima autoridad disciplinaria, que puede investigar aun a los funcionarios elegidos por elección popular, sin tener en cuenta el fuero alguno, en defensa de los intereses del Estado. Por otra parte informó que el Estado social de derecho establece el imperativo respeto del principio de legalidad y es por ello que la actividad minera y petrolera se encuentra sujeta a diversos mecanismos de control, los cuales propugnan por el desarrollo económico y el gasto de la oferta ambiental, sin olvidar la necesidad de ahorro de esos recursos naturales para las generaciones venideras.
Por otra parte se indicó que la variable ambiental no es cuestión residual y por ello los instrumentos internacionales y la constitución política colombiana establecen un catalogo amplio al cuidado, administración, sostenibilidad de los recursos naturales renovables. El medio ambiente es una responsabilidad estatal, y un elemento integrador de la política internacional del país. En cuanto al escenario social se detuvo informando que hoy se asiste a una realidad compleja, entre otras cosas, por la falta de un sistema jurídico robusto que se ocupe de toda la instrumentalización de diverso orden que realice un redireccionamiento de la consulta previa y que ofrezca seguridad jurídica a los actores involucrados en los procesos.
Con lo anterior el escenario del Congreso Internacional, contribuyó para que los empresarios mineros y petroleros determinaran cuáles son las estrategias del gobierno nacional hasta el momento y establecieran las expectativas para los próximos cuatro años.
