martes, 12 de agosto de 2014

Dentro de la exposición de motivos del proyecto modificatorio se hace un reconocimiento a la abundancia e importancia de los recursos naturales no renovables, para el desarrollo de los municipios y departamentos productores, estableciendo que en la actualidad, no existe un beneficio económico para dichas entidades territoriales, pese a las decisiones que se tomaron, hace poco, con la modificación constitucional de 2011, en la cual se buscaba repartir “la mermelada” en todo el país, dejando con mayor participación a los departamentos y municipios donde se ubicaban los proyectos mineros y petroleros.  

Para la modificación se están tomando varias variables bajo un concepto de compensación, como es el impacto al medio ambiente, al desarrollo social, deterioro en la infraestructura vial debido al transporte de cargas pesadas, y en algunas ocasiones un aumento generalizado del nivel de precios en estas regiones, pero la problemática redunda en que los dineros recaudados por concepto de regalías y compensaciones en Colombia, no han tenido una destinación especifica que permita percibir el beneficio en estas materias para las comunidades que conviven con dichos proyectos, y no es porque el recaudo de los dineros no se realice, sino porque confluyen otros flagelos, entre otros la corrupción.  

Como se ha establecido en algunos documentos, como el escrito por el actual Ministro de Minas y Energía, en donde se afirma que existen las externalidades negativas relacionadas con las explotaciones de recursos naturales no renovables, como es la falta de mayores encadenamientos productivos, el gobierno nacional fija los proyectos mineros y petroleros como fuente de desarrollo para las regiones y desea establecer una serie de estrategias para compensar e integrar a las comunidades dentro del desarrollo de los mismos. Ahora bien, dicha decisión debe tener en cuenta, que cada vez los proyectos mineros y petroleros son más pocos, debido a las restricciones ambientales y sociales, con lo cual los llamados encadenamientos, que pueden desarrollarse a través de dichos proyectos, deberán ser remplazados por otra serie de actividades generadoras de recursos que el gobierno nacional deberá empezar a planear.

Con la pretendida modificación constitucional, se activan las alarmas respecto de la falta de estudios minuciosos y políticas de Estado, que permitan la toma de decisiones que perduren en el tiempo, y no continuemos haciendo modificaciones a la Constitución, de acuerdo a las cambios de gobiernos, de posiciones y de actores, pues con la variación de la redistribución y el impacto que ello ha causado a las comunidades que conviven con los proyectos, como fue advertido en los debates realizados con anterioridad al 2011, hizo que muchos de ellos se encontraran con el rechazo generalizado de las comunidades que no encontraban beneficio, por el hecho de encontrase cerca de los sitios donde se realiza la extracción de los recursos naturales no renovables. 

Ahora bien, vale la pena analizar, si con la nueva redistribución se lograrán los pretendidos cambios, pues el gobierno nacional tendrá que fortificar los mecanismos que regularán las inversiones para que sean realmente utilizadas para los fines requeridos por la comunidad, y no para el bolsillo de unos pocos, teniendo en cuenta que los dineros de las regalías deberán promover los aspectos señalados por la exposición de motivos, en especial fortalecer el capital humano a través de la educación que será el principal factor que ayudará a nuestro país a tener  una variación en las futuras generaciones.