viernes, 20 de octubre de 2023
Hace pocos días visité un municipio en Cundinamarca en donde encontré varios establecimientos de comercio con pancartas de “NO A LA MINERÍA, SÍ AL AGUA”. Pregunté en al menos cinco de ellos cuál era el mineral que se encontraba en la región y si ya había arrancado la explotación. Nadie supo responder. Solo uno de ellos respondió diciendo que la minería era mala para el medio ambiente porque implicaba mucha tala de árboles. Esto que parece macondiano es un discurso bastante común y que genera muchos “likes” en las redes sociales, pero en realidad es la representación del estigma al que se enfrenta constantemente la minera y que impide verla de manera objetiva.
Esta concepción errada de la minería obedece en gran medida a los graves problemas sociales y ambientales que ha ocasionado la “minería ilegal”, y que ha deslegitimado la actividad ejercida de legalmente, afectando la percepción que se tiene de las compañías que sí operan bajo el imperio de la ley. Esto hace que no solo sea difícil conseguir los permisos ambientales, sino adicionalmente, la licencia social tan necesaria para la ejecución de este tipo de proyectos.
De otro lado el boom que ha generado la “transición energética” ha llevado a muchos a pensar que es una posibilidad acabar con la explotación minera, ignorando que no solo es necesaria para migrar hacia la producción de energías limpias, sino además es indispensable para la economía de muchas poblaciones de nuestro país que dependen exclusiva o principalmente de esta actividad, a las que se les causaría un daño invaluable si se tomaran medidas en ese sentido.
Como si fuera poco, ahora habrá que luchar también frente a la declaratoria de áreas de “reserva temporal” sin criterios objetivos, simplemente porque no existe claridad sobre las zonas que verdaderamente deben ser protegidas y excluidas de la minería. Esto puede frenar, en algunos casos, el desarrollo de muchas regiones por la imposibilidad de realizar la actividad en condiciones de sostenibilidad, y en otros puede ocasionar que el Estado resulte condenado por la vulneración de derechos adquiridos generando una gran pérdida valor.
Podría seguir enumerando problemas a los que se enfrenta la actividad minera (por ejemplo, el no poder descontar de la renta el pago de regalías), pero solo cuento con 3.500 caracteres en esta columna. Lo que sí tengo que decir es que estos son los temas que deben estar sobre la mesa en las discusiones de la eventual reforma al Código de Minas: cómo legalizar la minería ilegal con medidas eficaces, cómo deberá darse esa tan anhelada transición energética, o cómo lograr que el título minero sea concordante con las medidas ambientales desde el momento de su otorgamiento - como ocurre en otros países - de tal suerte que el Estado tome una sola decisión y no cada entidad interviniente, como si se tratara de Estados independientes.
Es urgente hablar de los problemas del sector y dejar de ver al minero legal como el enemigo; hay que verlo como el aliado en estos momentos de transición y reconocerlo como aquel que deja para el país a través de sus programas sociales más de $334.600 millones, más de 160.000 empleos y más de $9 billones entre regalías y otras compensaciones para la inversión local (según cifras tomadas de la ACM). Hay que decirle no a los estigmas, sí a la minería.
